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POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO DE LOS COMUNISTAS FRENTE A LA NUEVA REALIDAD POLÍTICA DEL PAÍS

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POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO DE LOS COMUNISTAS FRENTE A LA NUEVA REALIDAD POLÍTICA DEL PAÍS

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO DE LOS COMUNISTAS FRENTE A LA NUEVA REALIDAD POLÍTICA DEL PAÍS.

La experiencia que nos deja el desarrollo de casi todos los pueblos del mundo, acredita que después de la comunidad primitiva, que se prolongó por miles de años, se instalaron sucesivamente los modos de producción siguientes: esclavitud, feudalismo, capitalismo y socialismo. La sociedad comunista no ha podido construirse en ningún país de la tierra.

En México, la Revolución de 1910-1917 destruyó al sistema feudal, impulsó la reforma agraria, reconoció los derechos de la clase obrera e implantó medidas antiimperialistas, como la expropiación petrolera y la creación de empresas propiedad del Estado, pero a partir del gobierno de Miguel Alemán se instaló el sistema capitalista, que resultó tardío y dependiente del Imperio norteamericano.

El capitalismo ha caído en su peor fase, el neoliberalismo, que niega la lucha de clases, los derechos de los trabajadores y ha despojado a la Nación mexicana de su soberanía, poniendo al Estado mexicano en periodo de extinción y convirtiendo a nuestro país en una colonia de los Estados Unidos, donde impera la marginación, el desempleo y el hambre, frente a un pequeño grupo de privilegiados que concentra toda la riqueza del país, menos aquella que se exporta, como tributo al Imperio.

Hace mucho tiempo que en México las relaciones de producción impiden el desarrollo de las fuerzas productivas, por lo que, desde el punto de vista de la teoría marxista, debe producirse un cambio revolucionario en la sociedad mexicana. Ese cambio no puede ser otro que el socialismo, de acuerdo con la experiencia de muchos países y las leyes del progreso.

Aún cuando es difícil hablar de una Cuarta Transformación, pues han desaparecido la independencia nacional y la República, y se han revertido las conquistas sociales y políticas de la Revolución Mexicana, la que nos propone el nuevo gobierno no tiene los alcances de los cambios revolucionarios que conducen al socialismo. Se propone corregir desde dentro del sistema capitalista, vicios como la corrupción y la impunidad, que le son inherentes, atemperar la pobreza, frenar el despojo a la Nación y ampliar el campo democrático. Acabar, en una palabra, con el modelo neoliberal que impera en nuestro país desde 1982.

Estas propuestas no son poca cosa. Empero, para que se cumplan deberá llevarse a cabo el programa mínimo que nuestro Partido ha propuesto al pueblo, desde que brotó hace 15 años.

1.- Conducir a la Nación mexicana hacia la reconquista de su independencia y la reconstrucción del Estado-Nación.

Esta no es una demanda vacía ni carente de sentido. Los neoliberales reformaron la Constitución más de quinientas veces, por conducto del llamado Constituyente Permanente, quien, según prestigiados jurisconsultos, no tiene facultades para cambiar una Constitución por otra, ni suprimir sus disposiciones fundamentales. Esos cambios han servido para despojar a la Nación de buena parte de su patrimonio y de su soberanía y para restarle facultades al Estado, principalmente en materia del desarrollo económico. Nuestra Constitución es ahora un código de hojas desechables que contiene los privilegios otorgados a los monopolios globales que gobiernan al mundo.

El gobierno ha suscrito y renegociado el Tratado de Libre Comercio, cuyas cláusulas forman parte de las normas supremas del país, dejando en manos de negociadores extranjeros funciones que le corresponden a nuestras autoridades en materia de comercio exterior, las que influyen poderosamente en la economía interna, cuyo desempeño determina toda la vida social y política de nuestra Patria.

Es del conocimiento de los mexicanos conscientes, que el TLC ha provocado una competencia ruinosa de productores agrícolas y de pequeños industriales con los productores subsidiados del Canadá y los Estados Unidos.

Las reformas constitucionales han limitado a tal grado las facultades del Estado, que ni siquiera puede cumplir satisfactoriamente la función primaria de garantizar la seguridad e integridad física de sus súbditos.

Es verdaderamente lamentable que los presupuestos de ingresos y egresos que aprueba el Congreso de la Unión, sean autorizados previamente por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Aun cuando están pendientes la discusión y aprobación en el Congreso, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación presentados por el nuevo gobierno federal, podemos apreciar que no hay cambios sustanciales respecto a los anteriores, pues se sigue garantizando plenamente el pago puntual de la deuda externa, lo que impide que se asignen mayores recursos al desarrollo económico independiente, a la salud, a la educación y otros servicios fundamentales requeridos por la población.

No puede hablarse de soberanía del Estado, cuando las políticas públicas que se aplican en el país son dictadas en el extranjero, incluyendo la lucha contra el crimen organizado y los cárteles de la droga.

El día de las elecciones se dio un paso muy importante en la recuperación de la república representativa pues las autoridades electas cuentan con el mandato de la cuarta parte de nuestra población, cuando antes estuvimos gobernados por mandatarios que no representaban ni a la décima parte de los habitantes del país.

Hará falta ahora que se devuelva al Congreso de la Unión todas las funciones y la autoridad que le corresponden; que se respete el pacto federal y el municipio libre; y que se impida que los monopolios globales y la oligarquía internacional se entrometan en nuestra vida interna.

2.-Recuperar los bienes y derechos de que la Nación ha sido despojada.

El artículo 27 constitucional expresa de entrada el siguiente principio: La Nación es la propietaria originaria de las tierras y las aguas comprendidas dentro de su territorio.

Esta proclama marca la diferencia con todas las Constituciones burguesas del mundo, pues mientras que para estas últimas la propiedad privada es un derecho inherente al individuo, para la Constitución mexicana es una concesión que la Nación le otorga.

En otra de sus partes, tal artículo dispone que determinados bienes de la Nación son inalienables, lo que en estricto sentido quiere decir que la Nación no puede ser despojada de tales bienes, porque le son inherentes y no pueden ser de nadie más. Eso explica los afanes de los presidentes Cárdenas, López Mateos y López Portillo, de elevar a rango constitucional la nacionalización del petróleo, la electricidad y la banca, que respectivamente decretaron.

Sin embargo, los neoliberales mediante verdaderos atracos y actos de traición a la patria, despojaron a la Nación de tales bienes, así como de las minas, la industria siderúrgica, la aviación comercial, la telefonía, los ferrocarriles, las tierras ejidales y mil empresas más que le garantizaban al Estado la rectoría del desarrollo económico, e impedían o dificultaban la penetración indebida de los monopolios extranjeros.

Resulta indispensable revertir esos actos criminales.

Por otra parte, en 1982 se reformaron diversos artículos de la Constitución para obligar al Estado a apoyar la inversión privada, poniéndolo al servicio de los monopolios y para eximirlos de aquellas medidas relativas a la planeación económica. De esa manera, la nuestra pasó a ser la única Constitución en el mundo que legaliza el dominio de los monopolios globales y las prácticas que son propias del Capitalismo Monopolista de Estado de carácter trasnacional.

Esas reformas que crearon una espléndida plataforma jurídica para el desarrollo de la globalización neoliberal, debieran ser derogadas para que la Constitución, en materia económica, recupere su texto original.

3.- Reivindicar para el Estado la rectoría del desarrollo económico y poner este último no al servicio de las estadísticas, sino del hombre.

México es un país de pobres, muchos de los cuales viven en la pobreza extrema. Comparten el territorio con un puñado de 20 familias que acaparan una riqueza descomunal, que supera la fortuna acumulada por el resto de la población que es de 130 millones de seres humanos.

Es tal la desigualdad social que un trabajador de salario mínimo tendría que laborar 100 años para ganar lo que el señor Carlos Slim gana en un día.

Resulta indispensable y urgente que el Estado recupere la rectoría del desarrollo económico con progreso social, porque la pobreza no se abate con decretos, limosnas o buenas intenciones. Tampoco la rectoría del Estado se establece con solo legislarla. Para lograr eso, es necesario reimplantar en nuestro país la política de nacionalizaciones de los sectores estratégicos de nuestra economía y las empresas públicas.

4.- Establecer una moratoria al pago de la Deuda Externa y expropiar los bienes mal habidos de funcionarios y empresarios, a fin de que con esos recursos se alivie de manera urgente la marginación, el desempleo y el hambre de nuestra población.

Los comunistas y las fuerzas democráticas de México y del mundo, hace tiempo que llegamos a la conclusión de que la Deuda Externa se ha pagado varias veces y que es producto del acomodo en nuestro país de capitales sobrantes de los monopolios con el deliberado propósito de apoderarse de nuestros recursos. Por lo demás, las cifras que la integran son de tal modo descomunales que materialmente resulta imposible su pago y cuyo cobro es de por si inmoral.

Por otra parte, la prensa nacional destacó que 16 personas han acumulado en México una fortuna superior a la de la deuda externa, evidenciado con ello que estos magnates son los que se han beneficiado con los créditos contraídos, por lo que deben ser expropiados de sus fortunas para pagar la deuda, en caso de que el Congreso no se atreva a desconocerla. En la actualidad, no existe causa de utilidad pública mayor que aquella que libere a nuestro país de la carga de ser tributario permanente del imperialismo.

5.- Promover la democracia en todos los órdenes de la vida social. Reconocer la lucha de clases y respetar a las organizaciones autónomas de defensa de los trabajadores, tanto en el campo de la economía como en el de la política.

Los cambios revolucionarios en la sociedad humana son producto de leyes objetivas y de la acción de las masas populares, más concretamente de la lucha de clases. Esta última fue negada por los neoliberales, quienes sostenían que habíamos llegado al fin de la historia y que todos los seres humanos deberíamos ser felices dado que somos ya dueños de todos los satisfactores sin necesidad del Estado y menos de luchas fratricidas. La realidad, compuesta de marginación, desempleo y hambre para las mayorías, demostró todo lo contrario.

Con base en ese dogma neoliberal, el gobierno persiguió, golpeó y reprimió con saña y al más puro estilo fascista, a los instrumentos de lucha de los trabajadores, como son los sindicatos y los partidos políticos. Esa conducta criminal fue condenada el primer domingo de julio. Sería lógico ahora, reinstalar la tesis del Constituyente de Querétaro que reconoce la lucha de clases y garantiza el respeto a los organismos de defensa proletaria. Esa conducta honesta nos daría una tregua pacífica y constructiva a todos, que debiera aprovecharse para poner a debate, mediante una confrontación civilizada, las tesis y los programas de las clases sociales en pugna, para que cuando se convoque a una nueva elección, los partidos y los candidatos representen de manera auténtica los intereses de una determinada clase social o sector de la misma, y que no haya ninguna confusión respecto al proyecto de país que postulan, qué debe permanecer y qué debe ser cambiado.

Debiera revocarse, en consecuencia, la expulsión de los procesos electorales de los partidos proletarios y de los que postulan el socialismo como proyecto social alterno para nuestro país, decretada por el gobierno neoliberal, para que vuelvan con pleno derecho a la contienda política y terminen con el monopolio de que goza la burguesía en esa materia.

6.- Exigir con firmeza el cumplimiento del compromiso presidencial de no reprimir al pueblo ni permitir que se le reprima.

Ese compromiso debe mantenerse y ampliarse especialmente respecto a los pueblos originarios, victimas durante más de 500 años, de agresiones, despojos y humillaciones. Más cuando los monopolios buscan en sus territorios, recursos y riquezas que ya agotaron en los valles, de donde primeramente fueron despojados dichos pueblos.

Los pueblos originarios no deben ser molestados y mucho menos despojados de un metro más de sus propiedades comunales.

7. Los comunistas compartimos plenamente las valoraciones hechas por el EZLN, el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno en torno a la nueva administración del país y a los nuevos integrantes del Congreso de la Unión:

…Las palabras sobran cuando vemos el cinismo con que son entregados los pueblos de México a los intereses de Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio, mismo que promete ratificar el futuro gobierno de López Obrador, quien en uno de sus primeros discursos no dudo en ratificar la continuidad en la actual política monetaria y fiscal, es decir, continuidad en la política neoliberal, la cual será garantizada con el anuncio de que las corporaciones militares seguirán en las calles y con la pretensión de reclutar 50 mil jóvenes para las filas armadas que han servido para reprimir, despojar y sembrar el terror en toda la nación.

8. Los comunistas hemos iniciado la consulta en todas las instancias interiores de nuestro Partido, respecto a la iniciativa zapatista que propone engrandecer las demandas y el carácter del Concejo Indígena de Gobierno, de modo que incorpore a trabajadores del campo y la ciudad, así como al nacimiento de una Federación de Redes de Resistencia y Rebeldía.

Dicha propuesta en principio es aceptada por la Dirección Colectiva del Comité Central, por lo que seguiremos asistiendo a las reuniones en las que se discutan y precisen los objetivos, formas y carácter organizativo de dicho Concejo Indígena y Proletario.

DECLARACIÓN FINAL

El cumplimiento cabal de este programa mínimo sería importante para la marcha de nuestro país hacia la verdadera democracia. Ciertamente necesitamos, como en 1810, la independencia nacional; restablecer el orden constitucional que contempla importantes conquistas de los trabajadores y el pueblo; y revertir el proceso de extinción del Estado Nación para oponerlo al dominio pleno de los monopolios globales y de la oligarquía financiera que se ha apoderado del mundo. Pero ello no sería suficiente para superar el drama de México de una manera definitiva; prueba de ello es el fracaso de los gobiernos llamados progresistas en el sur de nuestro continente, mientras que la inmortal Cuba desarrolla con éxito el socialismo, a pesar del bloqueo y las permanentes agresiones del Imperio.

Hace falta abolir, en nuestro país, las actuales relaciones de propiedad; poner en manos de la sociedad los medios e instrumentos de la producción económica y del cambio; destrabar las fuerzas productivas en beneficio del progreso social y del bienestar de los mexicanos; y privar al pequeño grupo de criminales del capital que provoca una explotación humana que supera en muchos aspectos a la esclavitud.

Hace falta, en una palabra, implantar en México el sistema socialista, que libere al hombre de la miseria, la enajenación y la ignorancia, y lo prepare para que vuelva a disfrutar de su trabajo, de las riquezas que produce, así como de todos los bienes de la civilización y de la cultura.

Los comunistas, como todos los mexicanos que aman a su Patria, estamos obligados a darnos un orden jurídico y una organización estatal propia, soberana e independiente; pero ésta no tiene que ser necesariamente burguesa. Es más, el Estado burgués ya probó en México su debilidad y su ineficacia frente a las acechanzas y agresiones del imperialismo. Se necesita un Estado de nuevo tipo, un Estado proletario.

Tepic, Nayarit, a 16 de diciembre de 2018.

¡Proletarios de todos los países, Uníos! 

LA DIRECCION COLECTIVA DEL COMITÉ CENTRAL.

Luis Alfonso Vargas Silva, Rafael Castañeda Pineda, Benjamín Sandoval Cedano, Fernando Acosta Esquivel, Héctor González Baldizon, José Martínez Meza y Raymundo Romo García.

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