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EN BUSCA DEL CAMINO REVOLUCIONARIO (tercera parte)

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EN BUSCA DEL CAMINO REVOLUCIONARIO (tercera parte)

EN BUSCA DEL CAMINO REVOLUCIONARIO

Por: Salvador Castañeda O´Connor

TERCERA PARTE

EL SINUOSO CAMINO CAPITALISTA.

 

La revolución destrabó las fuerzas productivas. La burguesía nacional montada sobre los logros del gran movimiento popular siguió, sin embargo, impulsando el desarrollo independiente del país hasta implantar de manera dominante las relaciones capitalistas de producción en 1950, cuando el valor de la producción industrial superó el valor de la producción agrícola y minera juntas, culminando un largo camino de la revolución democrática-burguesa, que desde el punto de vista de las ideas se inició en 1810.

“Como una consecuencia de los cambios ocurridos en la sociedad mexicana a causa de la revolución, la población de México en 1960, dice nuestro compañero Diego Hernández, fue la que creció con mayor rapidez en el mundo durante la última década, debido a la alta tasa de natalidad y a la reducción drástica de la tasa de mortalidad. En 50 años, la economía mexicana se ha convertido de una economía consuntiva agrícola y minera, en una economía capitalista. El incremento del producto nacional bruto ha sido 5 veces mayor. El sector industrial ha sido un factor importante del incremento: aumentó del 10% en 1910 al36% en 1960. Los recursos invertidos son 30 veces mayores que hace 20 años. El sector público ha tenido una elevada contribución. En 47 años se han entregado a los campesinos 48 millones de hectáreas de tierras productivas, de las cuales, hay 2 millones y medio de hectáreas de riego. En 50 años, el volumen de la producción agrícola se ha cuadriplicado, y ha tenido cambios estructurales. En 60 años, la capacidad instalada de la energía eléctrica se ha sextuplicado. La producción manufacturera fue 18 veces mayor en 1960 que en 1910. Las carreteras han tenido un desarrollo fabuloso. Los vehículos de motor, en 40 años se han multiplicado 20 veces. El 20 por ciento de los gastos del gobierno se dedica a servicios educativos, cantidad doble del presupuesto destinado a las fuerzas armadas…Respecto a la estructura poblacional en 1910, había un total de 5 millones 2mil personas que trabajaban, en 1960 habían subido a 12 millones 14 mil. En 1910 se ocupaban 3millones 592 mil individuos en las actividades agrícolas y ganaderas (71,9 por ciento) .En 1960, 6 millones 342mil (52.8 por ciento) En la minería, en los mismos años, considerados, la ocupación pasó de 86 mil (1.7 por ciento) a 140 mil (1.2 por ciento). En la industria, la ocupación pasó de 565 mil personas (11.3 por ciento) a un millón 868 mil personas en 1960 ( 15,5 por ciento) …”

“El crecimiento económico elevado, continúa diciendo Diego Hernández, se mantuvo por unos años más”.

Efectivamente, la burguesía nacional que fue la más poderosa de todas las burguesías de América Latina, después de conducir a nuestro país por un elevado y sostenido desarrollo económico, empezó por traicionar a sus antiguos aliados y terminó por traicionarse a sí misma, deteniendo el crecimiento, frustrando a la postre el desarrollo independiente y malogrando los objetivos revolucionarios.

Dos hechos históricos marcaron el rompimiento de la burguesía con obreros y campesinos. El asalto a los sindicatos más importantes para imponerles, mediante la fuerza pública, a dirigentes adictos al gobierno, destruyendo la independencia  y la democracia interna de esas organizaciones de clase.  Y la reforma al artículo 27 constitucional, para otorgar el amparo a terratenientes afectados por una resolución presidencial de dotación de ejidos, lo que violaba el principio de que la Nación tiene el derecho inalienable de imponer a la propiedad privada las modalidades que  dicte el interés público y, cancelaba en la práctica, el reparto de tierras a los campesinos. La razón de estas reformas no era otra que evitar la afectación de tierras propiedad de la burguesía, puesto que se habían agotado ya las que poseían los antiguos hacendados, siguiendo el viejo adagio:  “Que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre”

 En tiempos del presidente López Mateos, sin embargo, hubo un repunte  del agrarismo, provocado por las invasiones de tierras que la UGOCM de Jacinto López, planeó y ejecutó sobre millones de hectáreas en el noroeste del país. Por otra parte, la política de nacionalizar  las ramas  importantes de nuestra economía se mantuvo hasta la época del presidente López Portillo, en que  el sector público  había asumido del control de los teléfonos, la electricidad, el petróleo, la petroquímica básica , la minería, la industria siderúrgica, las compañías de aviación, la construcción de carros de ferrocarril, camiones y automóviles, lo mismo que tractores, el crédito, el acopio y los seguros agrícolas, el servicio de banca y crédito y muchas empresas más.

Sin embargo, desde la administración del presidente Miguel Alemán, las empresas públicas empezaron a desviar sus funciones nacionales , democráticas y progresistas , concebidas para impedir la penetración de los monopolios extranjeros y elevar los niveles de vida de la población para atender, con mayor empeño, las necesidades de la llamada iniciativa privada de elevar permanentemente sus ganancias, proporcionándole mercancías y servicios a bajo costo, y haciéndole pedidos generosos, al tiempo que aumentaban los actos de corrupción de sus administradores y altos empleados.

De hecho, para las postrimerías del  gobierno de Echeverría, el capitalismo de Estado ya se había convertido en capitalismo monopolista de Estado, cosa que los neoliberales legalizaron en las primeras semanas de su gobierno, modificando la Constitución, para establecer la obligación del Estado de apoyar a la empresa privada.  Y por si fuera poco, se empezó a incrementar escandalosamente la deuda externa que, en tiempos de López Portillo, llegó a más de 100mil millones de dólares.

 En el mes de diciembre de 1982, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión inició el proceso legislativo para reformar la Constitución que concluyó semanas más tarde, con lo cual quedó listo el marco jurídico que implantó el capitalismo monopolista de Estado y las prácticas perversas del neoliberalismo. De los artículos reformados solo me voy a referir, por ser los más significativos, a unos párrafos del  artículo  25 que quedaron como sigue:

“Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la Soberanía de la Nación, su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución… 

 …El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución…

… Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación…

 …Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente…

…La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.”

 

Ya se sabe que este artículo fue otra vez modificado, con motivo de la llamada Reforma Energética, de lo cual me ocuparé posteriormente. Por lo pronto, quiero recordar algunos de mis alegatos en la tribuna de la Cámara de Diputados en 1982, cuando se discutió este asunto.

 “… En el Artículo 25 del proyecto, hay tres párrafos que yo creo que le sobran: el tercero, el sexto y el octavo.

En el primer párrafo se ponen al mismo nivel constitucional, los derechos de la Nación y los de los particulares cuando todo mundo sabe que son derechos que tienen distinta jerarquía. Eso trató de acreditar aquí mi compañero Arnaldo Córdova, pero en los párrafos sexto y octavo, aun cuando se habla del sector social y se habla de algunas modalidades, ahí fundamentalmente se habla de apoyar e impulsar a las empresas del sector privado de la economía y de alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares. Esto me parece, que es poner de cabeza los principios que le dieron brillo a la Constitución de 1917.

… La doctrina que del Constituyente de Querétaro se desprende, afirma, que la propiedad privada, no es un derecho inherente al individuo, sino que es una concesión que la nación otorga a los particulares y que está por tanto sometido a las limitaciones y modalidades que la propia nación le impone, en función del interés público. Pero ahora, en esta iniciativa, en lugar de limitar la propiedad particular, sometiéndola a los intereses de la colectividad, reformamos la Constitución para apoyarla y estimularla. Como si no hubiera sido suficiente ya que el Estado se haya convertido en los últimos sexenios en herramienta dócil del capital privado y haya convertido en una finalidad superior de su actividad la de asegurar a los ricos, a los explotadores, las, mayores ganancias posibles.

Tal parece que esa reforma tiene el propósito de elevar a categoría constitucional la política pro monopólica, antipopular y antinacional que los gobiernos de México han puesto en práctica durante los últimos 40 años.

Hoy, estamos a punto de probar la verdad de aquel postulado que dice que el derecho no expresa sino la voluntad de la clase dominante. Y es voluntad de la clase que hoy nos gobierna, despojarse ahora de todo ropaje progresista o democrático para afirmar que una de las funciones del Estado es la de impulsar a la empresa privada, así como la de alentar y proteger la actividad económica de los particulares.

 

Hoy presenciamos un hecho evidente, formalmente, la burguesía mexicana está renegando de sus principios, de las ideas que sostuvo en su etapa de acceso revolucionario, para refugiarse en las tesis de quienes antes fueron la oposición conservadora. Yo no dudo de que por este camino el gobierno se decida un día a liquidar el sistema ejidal y a despojar a la nación de sus propiedades inalienables…

…Vemos cómo el capitalismo causa víctimas por todas partes, atropella y tortura a los seres humanos, cuando los burgueses nacieron con la Declaración de los Derechos del Hombre en la mano. y, por lo que respecta a nuestros capitalistas de casa, a la burguesía nacional, a nuestros gobernantes, cabe preguntarse, si se acordarán todavía de los afanes de don Andrés Molina, de don Pastor Rouix, de Jara, de Múgica, de los redactores del 27 Constitucional, aquellos que afirmaron que la nación tiene todo el tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, porque ahora resulta, que el interés público no es otro que el interés de la empresa privada, principio según el cual, ahora, la nación, el propio Estado debe someterse a las modalidades que dicten los monopolios. Aquí ,a mala tarde la tiene cualquiera. Yo pienso sinceramente que este día no es ningún día malo para ningún diputado, ni siquiera para un grupo parlamentario, yo pienso que éste es un día malo para la nación mexicana…

…Nosotros estamos de acuerdo con la rectoría del Estado en la economía, sí, siempre y cuando que el desarrollo económico se conciba como un medio para asegurar la independencia de la nación, y como un medio para elevar sistemáticamente las condiciones de vida de nuestro pueblo, y no un desarrollo económico al servicio de los grandes monopolios. Señores diputados, si ustedes aprueban esta iniciativa con todo y los párrafos 3o., 6o. y 8o. del Artículo 25 Constitucional; si comprometen al Estado a apoyar el desarrollo de la libre empresa, seguramente que no tendrán perdón ni consuelo, pues en esos párrafos ni siquiera se distingue a los inversionistas nacionales y extranjeros. Esa es la razón fundamental por la que hemos estado en contra del dictamen, y otras que expresarán mis compañeros. Y no porque aquí se nos quiera calificar como panistas de izquierda, como algún majadero lo hizo. Esas son las razones de clase, porque estamos en contra de los monopolios, porque estamos en contra de que se eleve a categoría constitucional el apoyo a estos monopolios, estamos en contra de este dictamen.”

Mi alegato no terminó allí, sino que me propuse demostrar que la iniciativa del presidente De la Madrid, de reformar los artículos 25,26, 27 y 28 constitucionales, que algunos diputados compararon con la iniciativa del maestro Lombardo, para incorporar a nuestra Constitución un capitulo en materia económica, era diametralmente opuesta al proyecto lombardista.

Toda la iniciativa presidencial está llena de contradicciones y falsedades. Se reclama para el Estado la rectoría del desarrollo económico, cuando por otra parte, se pretende despojarlo de las empresas del sector público, que eran precisamente, las que permitían dicha rectoría. Se faculta innecesariamente al Estado para planear la economía, porque esa facultad ya estaba prevista en nuestra Constitución (art. 27) con el propósito expreso de eximir a los particulares de la obligación de someterse a los planes del Estado.

En cuanto a las nuevas deformaciones constitucionales a que se refiere la Reforma Energética, debo decir que, las modificaciones trascendentes, fueron hechas a los artículos 27 y 28. El art. 25 solamente fue manoseado para no dejar pasar la ocasión. Pero resulta muy ilustrativo que un párrafo donde demagógicamente se decía que: “La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios, fue suprimido, para dejarlo como sigue:

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares, y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo  sustentable, que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución”

La globalización neoliberal tuvo como objetivo inicial el desmantelamiento de nuestro sistema constitucional y la reconversión del Estado Mexicano en una instancia política intermedia puesta al servicio de la nueva clase hegemónica que ha surgido del mundo, como lo es la oligarquía financiera especulativa y trasnacional, que tiene su asiento principal en los estados unidos de Norteamérica.

Después de estas primeras reformas a nuestra Constitución hechas por un organismo incompetente, los neoliberales han continuado reformándola, manoseándola, desconociéndola por unas quinientas veces más.

LEGITIMIDAD DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Aún sin la participación física en el Constituyente de Querétaro de Flores Magón, Villa y Zapata, que fueron sin duda, el precursor de la Revolución Mexicana, el primero y los caudillos más radicales y más queridos por nuestro pueblo, los segundos, la Constitución de 1917 recogió con brillantez sus tesis y las de todas las fracciones revolucionarias que participaron en el movimiento armado. Registró también las propuestas de la diputación obregonista, la fracción más radical de cuantas integraron el Congreso.

La Constitución es por todo eso, un documento autentico y legítimo. Es la expresión jurídica de todos los grupos revolucionarios y tiene el altísimo valor de haber recogido las demandas fundamentales de nuestro pueblo

Nuestra Constitución, fue el estatuto jurídico más avanzado de todos los países del mundo, cuando se promulgó, el 5 de febrero de 1917, y sus proyecciones hacia adentro y hacia afuera han ayudado grandemente al desarrollo económico, social, educativo y cultural de la Nación

Para 1917, la Constitución ciertamente, consideró a la propiedad privada como una garantía individual, pero sujeta a la expropiación y a las modalidades que dicte el interés público, porque ya no es un derecho inherente al individuo, sino una concesión que la Nación le otorga. Este principio dio fundamento a la reforma agraria y a la política de nacionalizaciones que tuvo un sentido profundamente anti imperialista y nacionalista.

 

 La Constitución de 1824 fue el producto jurídico de la Revolución de Independencia. La Constitución de 1857,  la consecuencia de la Revolución de Ayutla.

 La actualmente vigente, mil veces manoseada por los neoliberales, no es sino el resultado de la contra- revolución y de sucesivos golpes de Estado

En mi libro “GOLPE AL ESTADO” escribí un capítulo  sobre la esencia golpista del llamado Constituyente Permanente, y formulé algunos juicios  que reproduzco a continuación:

El Constituyente Permanente, instrumento del golpe de Estado”

 

El artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Uni­dos Mexicanos, dice textualmente: "La presente Constitución puede ser  reformada o adicionada. Para que las adiciones o reformas lle­guen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados..."

Con base en esta facultad, el llamado Constituyente Permanen­te ha reformado la Constitución sin limitación alguna, hasta el grado de modificarla en alrededor de quinientas veces, alterando sus prin­cipios generales o suprimiéndolos de plano; lo que ha dado por  resul­tado que nuestra Constitución vigente sea hoy, no sólo un documento distinto, sino opuesto al que formularon los constituyentes de Querétaro.

El excesivo número de reformas que se  han hecho a nuestra Constitución resulta una monstruosidad, si se le compara con las vein­ticuatro o veinticinco enmiendas que ha sufrido la Constitución norteamericana, cuando esta última tiene más de doscientos años de vigencia.

Algunas de las reformas, las menos, han sido correctas y nece­sarias; cuando se ha tratado de ampliar y de precisar las tesis doctri­narias que contiene nuestra Carta Fundamental, a efecto de que pue­dan ser aplicadas de mejor manera a la realidad cambiante de nues­tro país; pero otras, las más, han sido contrarias a las ideas originales contenidas en su texto y al desarrollo progresivo y democrático de la sociedad en su conjunto.

Los congresos constituyentes, como el que tuvo lugar en Querétaro, que se integran con diputados electos ex profeso y especial­mente para aprobar las normas constitucionales y construir el orden público que debe darse a un país, aunque soberanos, por ser los de­positarios de la voluntad del pueblo, tienen grandes limitaciones, de tal modo que, los diputados constituyentes, no pueden aprobar las normas que se les antojen, así invoquen poderes derivados de una revolución triunfante. El poder constituyente no puede, por ejemplo, dejar de establecer un determinado orden jurídico contrario por na­turaleza a la anarquía y al desorden o, como dice algún jurista, "puede ciertamente elegir el Estado la constitución que ha de tener, pero habrá de tener necesariamente alguna".

El poder constituyente tiene, necesariamente, que establecer las garantías que corresponden a los individuos y a los grupos socia­les frente al Estado; tiene que reconocer la existencia de otros Estados soberanos en el ámbito internacional, determinando el carácter de las relaciones que, casi necesariamente, tiene que establecer con ellos, garantizando el respeto y cumplimiento de los tratados internaciona­les que el país haya suscrito formalmente.

El poder constituyente debe reconocer y aceptar, antes que todo, un principio que es permanente y universal y que le da fundamento al propio poder constituyente: La soberanía reside única y exclusiva­mente en el pueblo; y, finalmente, debe dictar aquellas normas que correspondan al desarrollo económico, social, político y cultural alcanzado por la sociedad, atendiendo a la correlación de las fuerzas sociales.

En el constituyente de Querétaro, por ejemplo, participaron muchos diputados partidarios sinceros del socialismo, sin embargo, ellos ni siquiera se atrevieron a proponer para México una constitu­ción socialista, por la sencilla razón de que en nuestro país no habían madurado aún las condiciones objetivas y subjetivas para establecer un Estado de la clase obrera.

 

Alfonso Cravioto, al exponer en el Constituyente las ideas ge­nerales y las posiciones políticas del grupo de los diputados " renova­dores" al que pertenecía, afirmó: "¿Qué es la democracia? El gobier­no del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, según la fórmula jaco­bina... Esto es un grave error... el pueblo, desde luego, no es una masa compacta, uniforme... el pueblo es una masa de seres humanos dividida en varias clases sociales que persiguen intereses antagóni­cos... La democracia debe ser pues, un gobierno del pueblo por la mayoría del pueblo y para la mayoría del pueblo; pero como en todas partes del mundo la mayoría del pueblo está constituido por las cla­ses populares, resulta que la democracia es el gobierno de la socie­dad por las clases populares y para beneficio de las clases... La de­mocracia no es otra cosa que casi el socialismo".

Pero si el Congreso Constituyente tiene esas y otras limitacio­nes, más las tiene todavía el llamado Constituyente Permanente, quien ha actuado últimamente al capricho de los gobernantes neoliberales que hemos padecido. Empecemos por decir que los senadores de la República, los diputados federales y los diputados locales que inte­gran el Constituyente Permanente, nunca fueron electos para modi­ficar la Constitución y, mucho menos, para cambiarla totalmente. Por el contrario, fueron electos para cumplirla y hacerla cumplir, que es precisamente a lo que se comprometen cuando toman protesta de su cargo. Estos legisladores pueden discutir y aprobar leyes orgánicas, ordinarias y reglamentarias, tendientes precisamente a un mejor en­tendimiento y aplicación de las normas constitucionales y, a resolver, mediante la legislación, problemas sociales, económicos y políticos, pero dentro del marco que la propia Constitución ha establecido. En una palabra, son autoridades constituidas; fueron electas para actuar dentro del orden y la legalidad preestablecida; no son autoridades constituyentes, que según la teoría sólo deben ocuparse de dictar la norma constitucional y desaparecer, mientras que las autoridades constituidas deben ocuparse de ejecutar y poner en práctica la norma constitucional, pero jamás dictarla.

En segundo lugar, estos legisladores, en la mayoría de los ca­sos, ni siquiera expresan, cuando son candidatos, en sus respectivas plataformas electorales, su intención de alterar o modificar en todo o en parte el orden establecido; de tal manera que no cuentan con el beneplácito y mucho menos con el consentimiento de los electores y del pueblo para emprender las modificaciones que se proponen. Fi­nalmente, debe aceptarse que la enorme mayoría de estos legislado­res son servidores obedientes del presidente de la República, quien hasta la fecha, es el único que ha iniciado con éxito las grandes refor­mas que se le han impuesto a la Constitución. Es el presidente de la República, el autor material y el único responsable, políticamente hablando, de dichas reformas. Pero es el caso además, que este alto funcionario, tampoco fue electo para alterar el contenido de la Consti­tución, sino para cumplirla y hacerla cumplir. Resulta verdaderamente absurdo que la vigencia del texto constitucional dependa de la vo­luntad y, aún de los caprichos de un solo individuo, por muy sabio y poderoso que sea, más cuando sus decisiones jamás fueron refrenda­das por el pueblo, que no se expresó afirmativamente ni en el mo­mento de elegir al presidente, ni en aquél en que se llevaron al cabo dichas reformas.

Prestigiados juristas mexicanos han dicho que el Constituyen­te Permanente puede, porque para ello está expresamente facultado, reformar o adicionar la Constitución; pero que no puede sustituirla por otra, ni alterar sus principios fundamentales. Cuando se habla de reformar y adicionar, se entiende que pueden hacerse pequeñas mo­dificaciones a la Constitución, que incluyen la supresión o la adición de determinadas partes, pero respetando en lo general el texto como un todo.

…El alcance, pues, de las actividades del Constituyente Perma­nente consiste en adicionar y reformar la Constitución. Adicionar es agregar algo nuevo a lo ya existente. Es, tratándose de leyes, añadir un precepto nuevo a una ley que ya existe. Toda adición supone la supervivencia íntegra del texto antiguo, para lo cual es necesario, que el texto que se agrega no contradiga alguno de los preceptos exis­tentes, pues si hubiera contradicción, el precepto que prevalecería es el nuevo, en virtud del principio de que la norma nueva deroga a la antigua, razón por la que en ese caso se trataría de una reforma dis­frazada de adición. Reforma es, por último, en su acepción característica, la sustitución de un texto por otro, pero dentro de la ley exis­tente. La competencia del Constituyente Permanente estriba, pues, únicamente, en adicionar o reformar la Constitución por cualquiera de los medios que han quedado indicados. Quiere decir en conse­cuencia, que dicho poder no tiene facultades para derogar totalmente la constitución en vigor, sustituyéndola por otra…

 

…Definitivamente, el Constituyente Permanente no puede sustituir una constitución por otra, ni alterar sus principios fundamentales. Cuando se habla de reformar y adicionar se entiende entonces que pueden hacerse modificaciones al texto de nuestra Car­ta Magna en algunas de sus partes, pero respetándolo como un todo. La argucia de que se han valido el presidente y los legisladores es el de sustituir toda la Constitución, pedazo en pedazo, y de momento a momento, hasta transformar íntegramente su texto original. Aquí nos encontramos, por la arbitrariedad del procedimiento, con un verda­dero Golpe de Estado.

Pero más grave resulta que se alteren, se modifiquen o supri­man los principios fundamentales que establece una constitución. Hay reformas constitucionales que, válgase el término, son verdade­ramente inconstitucionales, porque alteran el criterio general, la filo­sofía y el sentido original de nuestra Carta Magna.

Pienso, sinceramente, que el Constituyente Permanente no puede, en primer lugar, suprimir, ni siquiera modificar los derechos que la Nación ha alcanzado y que le han sido reconocidos en la Carta Magna sobre el territorio nacional; sobre las riquezas del subsuelo y los recursos naturales; sobre el mar territorial; sobre la plataforma continental, y sobre el espacio.

La Nación, una vez que logra determinados derechos como son, por ejemplo, los que tiene sobre la industria petrolera y sobre la industria eléctrica, éstos se convierten en derechos inalienables. No estoy hablando de los terrenos, edificios o determinados bienes mue­bles e inmuebles de que el gobierno echa mano a veces para cum­plir con algunas de sus funciones y objetivos, y que puede dejar de utilizar y volverlos a poner en el mercado, desincorporándolos de su patrimonio. Estoy hablando de los derechos generales, patrimoniales y jurisdiccionales que la Nación tiene sobre nuestro territorio… Qué absurdo sería, por ejemplo, que de pronto el Constituyente Perma­nente estableciera que pertenecen al dominio privado, bienes que por su naturaleza son del domino público, como el espacio y el mar territorial…

…El Constituyente Permanente no tiene los suficientes poderes para privar a la Nación de sus recursos, de sus propiedades y de sus derechos.

También pienso que no se pueden alterar principios tan tras­cendentales e importantes como lo fueron en su tiempo aquellos que dieron lugar a la Reforma Agraria y al reparto de la tierra entre los campesinos. Fue absurdo que los principios de la Reforma Agraria, propios del derecho público, hayan sido sustituidos por preceptos de menor jerarquía, como aquellos que están comprendidos en el Códi­go Civil.

Fue absurdo también que una lucha de siglos, en la que parti­ciparon los liberales patriotas de 1857 y los revolucionarios de 1917, por privar al Clero de los instrumentos que había poseído para sojuz­gar al pueblo, fuera ignorada por el Constituyente Permanente, al devolverle al Clero sus privilegios y su personalidad jurídica.

Fue absurdo que se mediatizaran, mediante las reformas que se hicieron al artículo tercero constitucional, los principios de la edu­cación científica, contraria a los prejuicios y que le daban un sentido nacionalista y democrático; que se intente transformar la educación popular y progresista en una educación laica y neutral en manos del clero, de los monopolios y de los padres de familia, organizados por las fuerzas más reaccionarias del país, y que se intente siquiera con­vertir a la educación pública en una educación privatizada, ajena a la historia y a los afanes de nuestro pueblo, y que deje de ser gratuita para que sólo los ricos que puedan pagarla accedan a ella.

Para transformar y modificar los principios elevados que tanto brillo le dieron a nuestra Constitución, sería necesario convocar a un nuevo constituyente.

Aquí, en lugar de que se haya producido una nueva revolu­ción, que recogiera con mayor vigor las aspiraciones de nuestro pue­blo, dándole a éste, formas de organización más avanzadas y demo­cráticas, lo único que ha ocurrido, es un golpe de Estado por parte de la reacción y del imperialismo.

En una palabra, las disposiciones avanzadas del artículo 27 constitucional han quedado exactamente al revés.

…Renegar de la Reforma Agraria fue renegar de una de las pa­lancas más importantes del desarrollo independiente del país.

Estas constantes y abundantes reformas a la Constitución Mexi­cana no confirman sino la sentencia de los fundadores del marxismo, de que el derecho es, en esencia, la expresión de la voluntad de la clase dominante. Sólo que antes, la burguesía era muy cuidadosa de las formas para aparentar hipócritamente que todos sus actos se dan dentro de su famoso Estado de derecho. Ahora esta burguesía ya no cuida las formas, y es su voluntad despojarse de todo principio revo­lucionario y nacionalista que sustentó en su etapa de ascenso, y pri­var a la Nación Mexicana de sus derechos fundamentales. Es volun­tad de la clase dominante ponerse al servicio del imperialismo norte­americano, y colaborar con él y con sus grandes monopolios y empre­sas transnacionales en la ingrata tarea de empobrecer y de arruinar a nuestro pueblo, destruir nuestra cultura, nuestra historia, nuestra le­gislación y hasta nuestra geografía.

 

..El Estado Mexicano que surgió con la Revolución de Indepen­dencia, pero que ya no cumple con la función de defender la integri­dad de nuestro territorio, ni de salvaguardar la Independencia de México, ha perdido uno de sus elementos esenciales, la soberanía, este término que ahora muchos intelectuales de México y del mundo quieren menospreciar, diciendo que es un estorbo frente a un mundo que se globaliza, que se moderniza. En fin, sea lo que fuere, la sobe­ranía es y seguirá siendo un elemento esencial del Estado, y el nues­tro ya no la tiene. Aquí en México las decisiones políticas más impor­tantes y trascendentales no son tomadas por nuestras autoridades. El Estado ha abdicado de la función de gobernar y de intervenir en la vida de los mexicanos como una autoridad suprema. Las decisiones políticas se toman en el gobierno de los Estados Unidos de Nortea­mérica, se toman en las altas esferas del poder mundial. Y las deci­siones de carácter económico que son las más importantes, hace mu­cho tiempo que se toman en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial.

Resulta verdaderamente dramático que el Congreso de la Unión cada vez que se reúne para aprobar el presupuesto de ingresos y de egresos de la Federación, para aprobar las líneas fundamentales de la economía, en realidad discute y aprueba documentos que fueron dictados previamente por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial.

Es público y notorio que, cada vez que México pretende adqui­rir un empréstito, que pretende renegociar el pago de la deuda, ten­ga que presentar una llamada "carta de intenciones" ante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros acreedores. En esa llamada "carta de intenciones" se compromete a una serie de cuestiones que le imponen aquellas instituciones extranjeras y que son determinantes para nuestra economía: vigilar el gasto público; cuidar que no haya déficits presupuestales; reducir los gastos de asis­tencia social; no intervenir en la administración de empresas; desti­nar enormes cantidades al pago de la deuda externa; vigilar que no se dispare la inflación; vigilar que la economía se mantenga dentro de determinados parámetros que convienen al imperialismo. Es tra­dicional, por repetitivo, por reiterado, que el Estado mexicano se so­meta de manera pública y expresa a los dictados de los acreedores extranjeros.

Hace algunos años, entró en vigor el Tratado de Libre Comer­cio. Este tratado, de acuerdo con nuestra Constitución, tiene el valor de las normas de mayor jerarquía en el país. Tiene, por decirlo así, el mismo valor que la Constitución. Este tratado fue dictado, en la prác­tica, por los grandes monopolios norteamericanos; de tal manera que es ahora el imperialismo, el verdadero poder constituyente que dicta las normas de observancia general para la vida interna del país, obli­gatorias para todos los mexicanos, pues el Tratado de Libre Comercio abarca casi todos los aspectos de la producción económica y del comercio interior y exterior del país. Abarca todos los aspectos de nues­tra vida, supuestamente independiente. La Constitución ha sido, sim­plemente sustituida en lo económico, que es el aspecto fundamental de la vida social, por este Tratado de Libre Comercio.

Quiero afirmar, sin temor a equivocarme ni a incurrir en exa­geración alguna, que el lo. de enero de 1994, fecha en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, falleció formalmente el Estado Mexicano, y este tratado es su acta de defunción…”

 

Recientemente el grupo gobernante de nuestro país echó mano una vez más del fantasmagórico Constituyente Permanente para aprobar las llamadas Reformas Estructurales pero lo hizo con carácter de urgente.

En el documento preparado por el compañero Luis Alfonso Vargas “La fase actual de la lucha de clases en México” y que formó parte de los materiales de discusión de La Tercera Conferencia de Organización de nuestro partido,  se dice:

…“Estos vende patrias en menos de 15 días procesaron y aprobaron esta reforma constitucional, que finalmente fue promulgada, el viernes 20 de diciembre de 2013 en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.

A partir de ello, el texto actual de nuestra Constitución en los artículos 25, 27 y 28, se refiere a que, le corresponde, exclusivamente a la Nación, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por lo que, para el resto de las actividades de la industria eléctrica, es decir, la generación, transformación, conducción y abastecimiento de energía eléctrica, los monopolios nacionales y extranjeros podrán participar libremente, “compitiendo” entre sí y con CFE. Inclusive, en la transmisión y distribución de energía eléctrica, podrán participar mediante contratos celebrados con el organismo público operador de la red.

Por otra parte, en cuanto a la industria petrolera, la reforma energética modificó de tal manera la Constitución que estableció textualmente lo siguiente en el párrafo séptimo del artículo 27:

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, (el resaltado es nuestro) la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las  asignaciones o contratos.” (El resaltado es nuestro)

Luego, el reformado artículo 28 constitucional en su párrafo sexto creó un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo, para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco de México y, que tiene por objeto, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del 27 constitucional, excepto los impuestos.

En virtud de las nuevas disposiciones constitucionales antes transcritas, la propiedad del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, ya fuera del subsuelo, dejará de ser de la Nación y pasará a ser propiedad de estas empresas privadas nacionales y extranjeras, porque conforme a lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del decreto, éstas podrán reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados.

PEMEX mantendrá la exploración y explotación de los campos que actualmente tiene, pero en un plazo no mayor a 5 años podrán serle entregados a las empresas particulares…

…Igual que aconteció con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, que convirtió a ese instrumento jurídico en un conjunto de reglas que garantizan al detalle los intereses de la clase patronal, de la oligarquía y de la burguesía criolla, cuando antes era un conjunto de principios y normas que garantizaban los intereses de la clase obrera y demás trabajadores del campo y de la ciudad, así ha pasado, pero a mayor escala, con las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución del país, que de ser un inventario de los bienes que integran el patrimonio nacional y, un instrumento jurídico de defensa y garantía de intereses y derechos históricos de la Nación mexicana, pasó a ser un catálogo de disposiciones que protegen al detalle los intereses de la oligarquía financiera especuladora y trasnacional que tiene su asiento principal en las naciones altamente desarrolladas y en algunas colonias como México…

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…Hay quienes piensan que, todavía dentro de los marcos del actual sistema y sus formas políticas, es posible recuperar lo robado. El problema es que cuando por esa vía lo logremos, los mantos petroleros se habrán convertido en cavernas vacías. En menos de un año los monopolios pueden dejarnos sin reservas petroleras. Lo que procede es evitar el saqueo a pesar de esta nueva legislación constitucional.

Las reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia energética, ratifican el principio de que el petróleo es propiedad de la Nación y que dicha propiedad es inalienable, pero establecen la limitación de que esta propiedad se refiere exclusivamente al petróleo existente en sus yacimientos originales, porque una vez que lo sacas de ahí ya no es de la Nación sino de los monopolios globales.

¿De qué sirve ser propietario de una riqueza, mientras ésta se encuentre almacenada y no la utilicemos?

Frente a estas nuevas disposiciones expropiatorias de la riqueza nacional, habría que oponer el criterio de la inalienabilidad, pues si perdemos la propiedad de un recurso en cuanto éste se utiliza, lo inalienable debe significar que ese recurso no se pueda extraer.

Entonces, con base en este criterio, los mexicanos podemos evitar el saqueo de la riqueza del subsuelo.

Como no hay mal que por bien no venga, despojada la Nación de su riqueza petrolera, debiéramos poner un enorme anuncio que mire hacia el cielo, igual que lo hizo algún país del medio oriente, avisándole a los gringos que nosotros no tenemos petróleo…”

Igual que aconteció con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, que convirtió a ese instrumento jurídico en un conjunto de reglas que garantizan al detalle los intereses de la clase patronal, de la oligarquía y de la burguesía criolla, cuando antes era un conjunto de principios y normas que garantizaban los intereses de la clase obrera y demás trabajadores del campo y de la ciudad, así ha pasado, pero a mayor escala, con las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución del país, que de ser un inventario de los bienes que integran el patrimonio nacional y un instrumento jurídico de defensa y garantía de intereses y derechos históricos de la Nación mexicana, pasó a ser un catálogo de disposiciones que protegen al detalle los intereses de la oligarquía financiera especuladora y trasnacional que tiene su asiento principal en las naciones altamente desarrolladas y en algunas colonias como México.

 

 

 En síntesis, los gobiernos neoliberales,  han permitido que los grandes monopolios globales despojaran a la nación  mexicana de su soberanía y convirtieran al Estado nacional en una dependencia del gobierno norteamericano, servidor también de esos grandes monopolios, pero con funciones diferentes.

Como lo hemos repetido en innumerables ocasiones, la burguesía nacional empezó a declinar desde los tiempos del Presidente  Echeverría. Después provocó su irremisible hundimiento con  el reconocimiento de la inmoral deuda externa y su pago puntual; con la promulgación de una legislación neoliberal que aplica religiosamente; con la firma del tratado de libre comercio que la desplazó como clase dominante; para terminar con su desaparición total del escenario político y económico del país.

Después de todo lo dicho no queda más que gritar:

DESMANTELAR LA COSTITUCIÓN SIN NINGÚN DERECHO ES GOLPE DE ESTADO, PORQUE ÉSTE SIGNIFICA PRECISAMENTE UNA ALTERACIÓN GRAVE DEL ORDEN ESTABLECIDO.

En México hemos sufrido toda clase de golpes de Estado. Los ha habido violentos como el cuartelazo de Victoriano Huerta, que segó las vidas de los presidentes Madero y Pino Suarez, que tenía por objeto abolir algunas disposiciones democráticas y progresistas, pero principalmente restablecer la dictadura de Porfirio Díaz o al menos, el régimen feudal de explotación que imperó en esa época. Pero también hemos tenido golpes de Estado cuyos objetivos no han sido cambiar a unos gobernantes por otros, sino de abolir disposiciones legales o constitucionales que favorecen al pueblo y a los trabajadores sustituyéndolas por decretos o bandos ilegales y regresivos. A pocos meses de promulgada la Constitución de 1857 los sublevados de Tacubaya, encabezados por Zuloaga, emitieron una declaración, afirmando que, con fecha 17 de diciembre de1857, dejaba de regir  la Constitución, pero, que se mantenía en la Presidencia de la República el General Comonfort. Este en lugar de combatir a los sublevados se adhirió al Plan de Tacubaya, diciendo que efectivamente, con esa Constitución no se podía gobernar, renegando de aquellos preceptos que poco antes había jurado sostener, cumplir y hacerlos cumplir.

 

La diferencia entre ese, que fue llamado “El Autogolpe de Estado”   y los que actualmente se cometen, consiste en que ahora es el propio presidente de la República quien encabeza a los rebeldes.

 

Según la ley es improcedente el juicio de amparo en contra de la Constitución por lo que deben sobreseerse, pero yo pregunto a los magistrados de la Suprema Corte si puede considerarse como autentica y válida una Constitución expedida por autoridad incompetente, es decir, no facultada legalmente para ello, como es el caso de las reformas recientemente aprobadas por el llamado Constituyente Permanente.

El recuento de los daños que la tormenta neoliberal le ha ocasionado a nuestra patria es verdaderamente abrumador desde el punto de vista cuantitativo y trágico, desde el punto de vista cualitativo. Nuestros gobernantes que asumieron el poder y gobiernan mediante sucesivos golpes de Estado, han permitido que los monopolios globales impulsen un supuesto desarrollo, en beneficio de la oligarquía financiera y especuladora trasnacional, que tiene su asiento principal en los Estados Unidos , y  una minoría ridícula de nuestra población, sobre la base de saquear nuestros recursos naturales, destruir y contaminar el medio ambiente, esclavizar a nuestros trabajadores, y empobrecer a nuestro pueblo hasta el grado de la hambruna.

Como una síntesis de la tragedia de nuestro país, hace apenas unos días la prensa nacional destacó dos noticias contradictorias en sus primeras páginas. La primera nos informa que diez empresarios  acumulan una fortuna superior a los ingresos del resto de los mexicanos “El ingreso corriente de los 31.5 millones de hogares que existen en el país es de 1.3 billones de pesos trimestrales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  Los recursos de que dispone esta decena de empresarios, representada principalmente por el valor de sus empresas en los mercados accionarios –medida empleada por Forbes para elaborar sus listas de multimillonarios–, supera ampliamente el ingreso disponible de todas las familias mexicanas, de acuerdo con comparaciones elaboradas a partir de información oficial.”

La segunda nos informa que 4 de cada 10 mexicanos no tienen que comer el día de hoy.

Como lo hemos dicho, en México la desigualdad es tal que un trabajador científico, altamente calificado, con un sueldo de 20 salarios mínimos, tendría que laborar 300 años para ganar lo que gana en un día Carlos Slim.

Nunca en este país hubo tanta desigualdad. Por menos de  eso, MIGUEL HIDALGO, el Padre de la Patria, Y JOSÉ MARIA MORELOS, el Siervo de la Nación, se levantaron en armas, demandando atemperar la opulencia, lo mismo que  la indigencia.

Los compañeros del DF, inspirados en una tesis recurrente y justa del compañero José Luis Contreras, han elaborado un material que propone la necesidad de implementar un programa mínimo, y actuar en consecuencia. Estoy plenamente de acuerdo con ellos y con los elementos de tal programa. Estoy también de acuerdo en que estamos  lejos del momento en que podamos tomar el poder y que lo que nos puede acercar a ese momento, es la lucha por alcanzar los objetivos de ese programa mínimo.

Con base en este criterio y con la idea de que no puede haber programa más mínimo que la defensa de la vida y del territorio, quiero proponer al próximo pleno del Comité Central la lucha por arrojar a los golpistas del poder que están a punto de dejarnos sin territorio, sin alimentos y sin vida. No estoy apelando al articulo39 de la Constitución que habla del derecho inalienable que tiene en todo tiempo nuestro pueblo de cambiar su forma de gobierno, porque  no estoy proponiendo que iniciemos una revolución, cuando no hay condiciones para ello, estoy acudiendo al espíritu de los artículos 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         y 136              constitucionales que nos obligan como mexicanos a restablecer el orden público  roto por los golpistas y, a defender el territorio, el honor y los intereses de la patria.

Efectivamente, en la parte que aún queda de nuestra Constitución se dice:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

 

I...      

 

 

II.      Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar.

 

III.     Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior; y

 

IV…     

Si bien es cierto que en la práctica, la Guardia Nacional no existe, a causa de una omisión criminal del mal gobierno, este hecho no nos releva a los mexicanos del cumplimiento de sus obligaciones, que pueden ejercitar aún con las armas, puesto que la Constitución no limita las formas que deban emplearse.

Por otra parte y aunque parezca paradójico el mismo capitulo constitucional que da pie a la indebida actuación del llamado constituyente permanente, nos obliga y autoriza a los mexicanos  a restablecer el orden constitucional  y juzgar y castigar a los rebeldes.

Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta.

 

Tampoco en este caso, se limitan los medios que los mexicanos debemos emplear.

 

 Si buena parte de nuestra población atiende nuestro llamado  es posible transformar ese movimiento por la vida y por la patria en una revolución socialista. 

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