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Atraco y golpe de Estado

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Atraco y golpe de Estado

  

ATRACO Y GOLPE DE ESTADO

Por: Salvador Castañeda O’Connor

Explicación previa.- Según el diccionario etimológico “Definición de” la palabra inalienable tiene el siguiente significado:

INALIENABLE.-Es un término que proviene de un vocablo latino que hace referencia a algo que no se puede enajenar (es decir, cuyo dominio no se puede pasar o transmitir de un individuo a otro). Lo inalienable, por lo tanto, no puede venderse o cederse de manera legal. Los derechos inalienables son aquellos considerados como fundamentales; los cuales no pueden ser legítimamente negados a una persona. Ningún gobierno o autoridad tiene competencia para negarlos, ya que forman parte de la esencia de la persona. Los derechos humanos son, por ejemplo, derechos inalienables.

                    
Las nacionalizaciones de la industria petrolera, de la industria eléctrica y  de los bancos,  empresas  que pasaron a ser propiedad  de la Nación, fueron actos administrativos, decisiones que en su momento tomaron, los respectivos presidentes de la República, en el uso de sus facultades legales. Desde el punto de vista formal, no hacia falta la intervención del Congreso de la Unión, ni del llamado Constituyente Permanente, para que dichos actos quedaran perfectamente validados.

¿Por qué entonces el afán de los presidentes Cárdenas, López Mateos y López Portillo por elevar dichas nacionalizaciones a rango constitucional?

Lo hicieron para que ninguna autoridad administrativa, judicial o legislativa, revocara  en el futuro aquellas medidas patrióticas. Proponiendo que dichas empresas y sus funciones quedaran incorporadas en los textos de los artículos 27 y 28 de nuestra Constitución, junto a  las demás propiedades inalienables de la Nación, señaladas  por el constituyente de Querétaro.

Por ejemplo:

En su iniciativa de reformas al articulo 27, para adicionar a su texto que: “Corresponde exclusivamente a la Nación generar transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por  objeto la prestación de un servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”,  el presidente López Mateos, fundó su propuesta, entre otros motivos, “Para garantizar la efectiva realización de este propósito de que la generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica debe sustentarse en razones de beneficio social y no en motivos de interés particular…”

Las Comisiones dictaminadoras de la Cámara de Senadores argumentaron, entre otros razonamientos lo   siguiente: “Los recursos nacionales que sirven ahora para la generación de energía eléctrica son principalmente el agua, el petróleo y el carbón que según normas constitucionales son propiedad de la Nación. En consecuencia su aprovechamiento debe efectuarse para servir a la comunidad y no a personas o empresas determinadas, con fines principalmente lucrativos”

El Senador Brena Torres, dijo por su parte: “…Mas la obra realizada (la compra de la compañía extranjera de Luz y Fuerza) quedaría inconclusa de no hacerse la reforma constitucional que hoy se propone.  En efecto un régimen debe atender no solamente la solución de los problemas actuales si no prevenir la repetición de fenómenos futuros contrarios al interés colectivo. De no determinarse por la ley constitucional la facultad exclusiva del Estado de proveer a las distintas fases de la industria eléctrica, se correría el riesgo de que en el mañana nuevas empresas privadas pudieran ser beneficiadas del aprovechamiento de los recursos  de propiedad nacional o bien transformadoras o distribuidoras de energía eléctrica que constituirían en un momento dado, un factor limitante del empeño de la Comisión Federal de Electricidad, de dar el abastecimiento adecuado a los requerimientos de la colectividad”,

Todo ello quiere decir que los derechos de la Nación en materia de electricidad y petróleo además de  inalienables no son concesionables y que una vez que se incorporan a su patrimonio jamás puede desprenderse de los  mismos porque le son inherentes y  quiere decir fundamentalmente que ningún gobierno o autoridad tiene competencia para negarlos, ya que forman parte de la esencia de la persona que es la Nación. Quiere decir también que ni el presidente, ni los diputados , ni los senadores ni las legislaturas locales, tienen facultades para expropiar a la Nación de sus propiedades y derechos , que las llamadas reformas energéticas son un vulgar despojo, robo o atraco, o como se le quiera decir.

Por eso  sostengo que Peña Nieto y sus cómplices cometieron un golpe de Estado, porque rompieron en perjuicio de los mexicanos, el orden constitucional, habida cuenta  de que el llamado constituyente permanente, según afirman prestigiados jurisconsultos, puede hacerle algunas reformas a la Constitución, pero no tiene facultades para suprimir sus principios fundamentales    y mucho menos para cambiarla  por otra.

Muchos amigos míos, compañeros inclusive, piensan que un golpe de Estado es aquel donde un jefe militar expulsa sin mayor argumento que su fuerza, a un gobernante electo democráticamente, en los términos de la legislación vigente y que se encarama en el poder en un marco de violencia y de sangre, como lo hizo el chacal Huerta, respecto del presidente Madero, a quien asesinó de manera cobarde Pero hay también golpes de Estado, incruentos, como aquellos en que los golpistas asumen el poder mediante el fraude electoral, o cuando los gobernantes rompen el orden constitucional, como es el caso de las famosas “Reformas estructurales”  que  sin ningún derecho nos impuso Peña Nieto.

Nosotros, los mexicanos, debemos ser consientes que no vivimos en la normalidad constitucional; que estamos gobernados por golpistas, guardias blancas del imperio norteamericano y que debemos actuar como lo hicieron Villa Y Zapata, que antes de pensar en elecciones,  tuvieron que derrotar y tumbar al usurpador, despejando el camino para instaurar un nuevo orden social y una nueva Constitución.  

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