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A 4 años de distancia, aún nos siguen faltando 43.

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A 4 años de distancia, aún nos siguen faltando 43.

Por Lorena Moscoso S.

 “Sembremos la semilla de la libertad en el campo virgen del corazón de los jóvenes (…) El deber es enseñar a nuestros alumnos a ser libres.” [1]  Fue el mensaje que Raúl Isidro Burgos difundió entre sus alumnos de la generación 1964-1970, una tarde de agosto de 1970, como parte de los ideales que debía seguir la educación en México. Hace ya 48 años. 

            La noche triste del 26 de septiembre del año 2014, 43 jóvenes estudiantes de la normal urbana Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, estado (provincia) de Guerrero, fueron privados de su libertad, uno de los valores más preciados del hombre, pero también uno de los más mancillados y utilizados, la Libertad, esa que su mentor moral Raúl Isidro Burgos deseaba que conocieran y disfrutaran; pero que ya no podrá ser, porque fueron privados de ella, porque fueron víctimas de desaparición forzada; convirtiéndose así en una de las más trágicas y triste noche que ha vivido nuestro País, una pesadilla de la que aún no despertamos;

            Este miércoles 26 de septiembre, se cumplen 4 años de la desaparición forzada de esos 43 jóvenes estudiantes normalistas, que soñaban, que pretendían transmitir a otros esa semilla de libertad; y hasta hoy, desconocemos a cabalidad ¿Qué fue lo que pasó?, ¿Qué les hicieron?, ¿Dónde están?; ¿Cómo están? Hace cuatro años ya de una impunidad incesante, de una injusticia que ha marcado no solo la vida de los familiares de las víctimas, sino también de las instituciones encargadas de las investigaciones, y sobre todo, marcó un sexenio fallido, con el sello de la corrupción, la violencia, la impunidad y la injusticia, por su indolencia hacia la búsqueda de la verdad, por su frivolidad y la evasión de sus responsabilidades como Presidente de la República, nada justifica la infamia de un fiscal cansado que tuvo la cobardía de inventar una supuesta “verdad histórica” que a la postre de los años se convirtió en una “mentira história” que aun cuando la mentira ha sido evidenciada y desbaratada con el cumulo de evidencias científicas y peritajes internacionales, el aún Presidente sigue firme insistiendo en su “mentira histórica”. Y será la historia señor Peña Nieto quien lo juzgará a usted;  y segura estoy no saldrá absuelto.

            Los acontecimientos de Iguala han sido calificados por La Organización de los Estados Americanos como los crímenes que enlutaban no sólo a los mexicanos, sino a todos los países de las Américas”; por su parte la Human Rights Watch lo calificó como el ataque más violento contra estudiantes desde la ocurrida el 2 de octubre de 1968.

            A cuatro años de la tragedia, seguimos lejos de la verdad, tenemos una sentencia dictada en el amparo en revisión 203/2017 por el Primer Tribunal Colegiado, con residencia en Reynosa, Tamaulipas; el cual si bien es cierto el amparo de origen que dio lugar a la revisión fue promovido por algunos de los inculpados de la desaparición de los 43 normalistas, y la sentencia de amparo es concesoria a favor de ellos porque se determinó que hubo violaciones a sus derechos humanos, por la demora en su puesta disposición ante el Ministerio Público, porque hubo tortura para obtener las declaraciones de los inculpados, y por no existir datos bastantes para comprobar el cuerpo del delito y su probable responsabilidad.

            También es cierto que en dicha resolución se reconocen diversas violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, a estos últimos se les reconoce la calidad de víctimas, y, en consecuencia, el derecho a intervenir en la causa penal, con mayor razón, porque los hechos delictivos atañen a una situación de desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales;

            Lo relevante de esta sentencia, es que evidencia las irregularidades, de las pocas “investigaciones” que se hicieron, la manipulación y siembra de evidencia, pues respecto de las pesquisas realizadas en el rio San Juan señala: “que la presencia del personal ministerial el día previo y la circunstancia de que hayan recogido evidencias, sin requerimiento ni presencia del Fiscal, y sin documentar esa actuación en autos, genera serias dudas sobre los hallazgos del día siguiente, en especial, si la evidencia encontrada fue manipulada irregularmente; lo que pondría en entredicho la cadena de custodia de todo el material probatorio recolectado formalmente.”

            También en el Informe de Doble Injusticia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuestionó la circunstancia de que no se haya documentado en autos la presencia ministerial en el río San Juan el veintiocho de octubre de dos mil catorce, destacando también la violación del derecho de defensa de los inculpados, por no haber estado presente su defensor.

Se determinó que la investigación no se condujo con la debida celeridad, que se Insistió en líneas de investigación carentes de consistencia, como una supuesta infiltración de estudiantes en grupos delincuenciales; se minimizó el contenido y conclusiones de los dictámenes periciales relacionados con la incineración de los estudiantes en el Basurero de Cocula, practicados por expertos independientes de reconocimiento internacional (Doctor José L. Torero y Equipo Argentino de Antropología Forense).

            Se evidenció la Negativa a que el GIEI[2] estuviera presente mientras se examinaba nuevamente a los elementos del 27 Batallón de Infantería, así como la falta de atención a sus requerimientos de obtener información documental y originales de fotografías capturadas por sus miembros.

            Se retoma un fallo emitido por la Comisión Interamericana, en la cual se establece: “En el marco de un procedimiento penal, especialmente cuando se trata de la investigación y persecución de ilícitos atribuibles a las fuerzas de seguridad del Estado, surge una eventual colisión de intereses entre la necesidad de proteger el secreto de Estado, por un lado, y las obligaciones del Estado de proteger a las personas de los actos ilícitos cometidos por sus agentes públicos y la de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los mismos, por el otro lado. …Los poderes públicos no pueden escudarse tras el manto protector del secreto de Estado para evitar o dificultar la investigación de ilícitos atribuidos a los miembros de sus propios órganos.  En casos de violaciones de derechos humanos, cuando los órganos judiciales están tratando de esclarecer los hechos y juzgar y sancionar a los responsables de tales violaciones, el ampararse en el secreto de Estado para entregar información requerida por la autoridad judicial puede ser considerado como un intento de privilegiar la “clandestinidad del Ejecutivoy perpetuar la impunidad. 

            En este orden de ideas, se reconoció que tanto el Ejército Mexicano, como la Policía Federal, tienen una relación de subordinación con respecto al Presidente de la República. Al igual que el órgano investigador, la Procuraduría General de la República, que también guarda una relación de subordinación con respecto al Titular del Ejecutivo Federal, en principio, derivado de las facultades de éste en la designación y remoción del funcionario.

             Por ello resulta innegable el conflicto de interés que surge cuando investigador e investigados, tienen en común al mismo superior jerárquico, pero además, una estrecha relación institucional, que prevé la propia ley, sobre todo, si se toma en cuenta que, como se vio, se han advertido una serie de omisiones, retrasos e inconsistencias en la indagatoria, en especial respecto a las posibles líneas de investigación que apuntaban a esas dos autoridades, pues existen probables responsables que pertenecen a su misma estructura burocrática, y cuya participación no ha sido materia del análisis ministerial. 

            En adición a lo expuesto, tanto de la causa penal como del Informe Sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa, intitulado “Doble injusticia”, se desprende que gran parte de los señalamientos de tortura se dirigen a personal de la Secretaría de la Marina Armada de México, institución que también guarda estrecha relación con el órgano investigador, tan es así que también integra el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en términos del artículo 12 de la ley general que regula dicho sistema. 

            Y de los autos, no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México.

 Adicionalmente, la Corte ha considerado que, en el marco de los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana, los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que los hechos sean efectivamente investigados por las autoridades estatales y, en ese sentido, a conocer la verdad de lo sucedido; de conocer cuál fue el destino de las víctimas y, en su caso, dónde se encuentran sus restos”. Además, correlativamente, les confiere el derecho a que los hechos sean investigados y que los responsables sean procesados y, en su caso, sancionados. Así, la Corte recuerda que el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención. 

            En ese sentido, se ordena que la investigación debe estar orientada a la obtención de la verdad, por ende, los familiares de las víctimas y la sociedad deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones, por ello La Corte ha considerado en su jurisprudencia, en casos de desaparición forzada, que el derecho a conocer el paradero de las víctimas desaparecidas constituye un componente esencial del derecho a conocer la verdad… 

            Por otra parte la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dispone que en los casos en que se advierta ausencia de imparcialidad o independencia en el órgano investigador, debe establecerse un procedimiento que permita que la investigación cumpla con las referidas exigencias; en base a lo cual se determinó en la resolución, la conformación de la Comisión de la verdad  entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad, se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).

             Agregando, que, en el caso, la referida comisión se podrá fortalecer con la integración y participación de otras organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas, entre otras, lo cual será decisión de los representantes de las víctimas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

            En ese punto, el Ministerio Público estará en aptitud de sugerir líneas de investigación o pruebas, pero la decisión sobre su admisión, corresponderá a los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También se señaló que, al examinar personas, el orden para interrogarlas deberá ser definido por la representación de las víctimas. Lo que implica que se quita al Ministerio Público el monopolio de la investigación; 

            Se determina también en la sentencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la importancia que el Titular del Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, adopten las medidas necesarias para que la referida comisión, cuente con los recursos presupuestarios correspondientes; es decir “solicita” al mismo Ejecutivo dotar de recursos a la comisión de la verdad para su debido funcionamiento.  

            Y muy importante también se realizó un llamado al Ejecutivo, respetuoso sí, pero un llamado a la no intervención y apoyo, que nunca había visto en una resolución, aun cuando fuera en los siguientes términos: Por tal motivo, de la manera más atenta y respetuosa, se le solicita al señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, gire instrucciones a todas las Secretarías y dependencias que integran su gabinete, para que en el marco de sus respectivas atribuciones, se sirvan prestar el apoyo y demás facilidades que requiera la referida comisión, para el logro de su cometido. 

            De igual forma, a modo de sentencia reparatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se consideró a favor de los familiares una indemnización pecuniaria parcial, que podría ser del orden de los $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), a cada una de las familias de los estudiantes desaparecidos; como un adelanto parcial, para que las víctimas puedan afrontar las dificultades económicas más apremiantes, derivado de la situación a que se han venido enfrentado desde la desaparición de sus familiares; e incluso, para afrontar los gastos que el propio litigio conlleva.  (Hasta aquí algunos de los puntos más relevantes de la sentencia). 

            Por otra parte, Mario Patrón Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín, en el programa de Carmen Aristegui, cuando se dio a conocer la sentencia, realizaba el siguiente cuestionamiento respecto de la resolución: ¿Va a ser suficiente para romper los pactos de impunidad y de silencio? 

            La respuesta la tiene usted. 

            Yo por mi parte considero que no, que desgraciadamente no será suficiente, pero también considero que es una resolución valiente de los Magistrados, porque evidencia el cochinero, la mentira histórica, el encubrimiento y la falta de interés de las autoridades de encontrar la verdad y de encontrar a los 43 jóvenes;  

            Son ya cuatro años de caminar de los Padres y Madres sin dar con el paradero de sus hijos y sin conocer la verdad; porque para ellos nada ha sido igual desde esa fatídica noche del 26 de septiembre del año 2014, que sus hijos fueron víctimas de desaparición forzada, la vida no volvió a ser la misma, nada ha sido igual desde que desaparecieron 43 esperanzas de un México mejor, que pretendían sembrar la semilla de la libertad en los corazones puros de los jóvenes que debieron haber sido sus alumnos. 

            Porque aun nos siguen faltando 43; Porque aun los seguimos esperando.



[1] La historia no contada de Ayotzinapa y las Normales Rurales.- Forbes Mexico.- https://www.forbes.com.mx/la-historia-no-contada-de-ayotzinapa-y-las-normales-rurales/

[2] Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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