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Algunas reflexiones sobre la Ley Burocrática

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Algunas reflexiones sobre la Ley Burocrática

Por: Salvador Castañeda O’Connor

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 El Congreso del Estado de Nayarit, con una mayoría integrada más por sinarquistas que por panistas, aprobó con mucha prisa, sorpresa, y con graves violaciones al proceso legislativo, una nueva ley que pretende regular las relaciones de trabajo entre el Estado y sus servidores que, de promulgase, creará un conflicto social y político de grandes proporciones entre el gobernador y la sociedad, movilizada por la inconformidad de los trabajadores

Ante una supuesta falta de recursos financieros, el gobierno está optando por castigar la economía de sus trabajadores, en lugar de exigirlos al gobierno federal, quien indebidamente se los limita. Pero no es sólo eso, que ya es bastante malo, sino que pretende en la práctica desaparecer a los sindicatos, como instrumentos de defensa y de la lucha de carácter económico de los burócratas, al más puro estilo fascista.

En su momento pedí al gobernador  vetar esa ley, contraria no solo a la Constitución de la República, sino también a la razón, a la justicia y  a la historia, pensando equivocadamente que sería ajeno a tal monstruosidad; pero ahora me doy cuenta, por sus declaraciones, que él es el verdadero autor del atraco legislativo, pero sin que aparezca formalmente como iniciativa suya, lo que no deja de ser una cobardía y un acto que vicia el procedimiento legislativo, pues la respectiva comisión parlamentaria, expidió un dictamen que  puso a discusión del pleno de la Cámara de Diputados, sin contar con una iniciativa que dictaminar.

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En el texto de esa ley se reitera constantemente la idea que los altos funcionarios y los trabajadores del Estado son servidores del pueblo y que son los trabajadores y no los funcionarios, los que deben sacrificar sus intereses en aras del bien común. Con esa antigua idea, en el pasado se les pedía a los maestros, por ejemplo, que prestaran sus servicios, siempre abnegados, casi gratuitamente, en beneficio de la prosperidad de la patria.

Después de una prolongada lucha de los maestros del estado de Veracruz y del DF, allá por los años treinta, se logró establecer el principio de que el Estado es patrón. Con base en esa tesis, se promulgó el Estatuto Jurídico que regula las relaciones laborales entre la Federación y sus empleados; se crearon también: el primer sindicato de maestros que agrupaba a los profesores del DF, la FTSE, la Dirección de Pensiones y un tribunal que resolvía los conflictos individuales y colectivos que surgieran entre la Federación y sus empleados.

Por otra parte, a partir del gobierno de Miguel Alemán, la burguesía, como clase social, asaltó el poder, sustituyendo a los caudillos de la revolución mexicana, para implantar en nuestro país el sistema capitalista. A partir de ese hecho, el Estado mexicano dejo de ser la expresión más elevada del movimiento popular que hizo la revolución, que integraban, los obreros, los campesinos y los elementos de la pequeña burguesía, para pasar a ser un Estado burgués, es decir, es la clase burguesa misma, pero organizada como clase dominante, por lo que resulta absurdo equiparar a los dirigentes de tal Estado con sus trabajadores.

En la actualidad ese Estado nacional ya no existe como tal; dejó de ser considerado como la Nación jurídicamente organizada; Después, ni siquiera funciona como un aparato de la burguesía nacional, sino como un eslabón más de la cadena universal de instituciones políticas y financieras, al servicio de la gran burguesía financiera, especuladora y trasnacional, que tiene su asiento principal en los Estados Unidos y que se ha apoderado del mundo.

El llamado Estado mexicano no solo es patrón, sino el más poderoso de todos los patrones. Nada menos que la junta que si bien, ya no administra los intereses de la burguesía nacional, si cuida de los privilegios de los monopolios globales, que nada tienen que ver con el bien común, de que tanto habla la ley que estoy comentando.

Naturalmente que el Estado burgués como cualquier otro, tiene que hacerse cargo de los problemas de toda la sociedad que pretende representar, y está obligado a prestar una serie de servicios a toda la población. En esa materia, los trabajadores burócratas están más interesados que sus patrones en servir bien a los habitantes de nuestra entidad. Pero ahora resulta que con leyes mentirosas se quiere privar a los trabajadores de sus derechos y prestaciones en beneficio de un supuesto bien común, que no es, en todo caso, el bien común de la sociedad, como lo planteaba Juan Jacobo Rousseau, sino el bien común de la burguesía, desde los riquillos locales hasta los monopolios globales. De tal manera que los altos funcionarios pueden cobrar mucho o no cobrar nada por sus servicios a la clase social a la que pertenecen. Están en su derecho. Pero no pueden exigir a sus trabajadores que renuncien a sus conquistas laborales, porque ellos pertenecen a una clase social distinta y antagónica.

 Es más, en el caso concreto de esta ley, se muestra toda una intención perversa y criminal de enfrentar a la población con los trabajadores, haciéndole creer que las deficiencias en los servicios públicos se deben a la morosidad de los burócratas y al exceso de los salarios y prestaciones de que disponen.

 

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En el texto de esa ley, se acude a la   doctrina de la sustentabilidad presupuestal, es decir a la norma de que los trabajadores no deben demandar mayores salarios y prestaciones que el monto de los recursos de que dispone el presupuesto para ellos. Esa doctrina, mejor debieran  aplicarla al sistema financiero internacional, quien recibe buena parte del presupuesto federal por la vía del pago de la deuda externa, que convierte a nuestro país en un tributario permanente del extranjero;  a las grandes empresas  que se ven beneficiadas con importantes subsidios y exenciones fiscales que les otorga el gobierno; y a los altos funcionarios que reciben salarios millonarios, mientras que los trabajadores al servicio del Estado sólo cuentan con salarios de hambre o medianamente decorosos.

En materia de sueldos y prestaciones laborales, es el presupuesto el que debe ajustarse a las necesidades de los trabajadores y no al revés, como los sugiere esta ley. Por allí existe, como perdida, una disposición en la legislación laboral mexicana, que dice que el pago de salarios y prestaciones laborales debe ser una prioridad para el patrón, respecto al pago de las demás obligaciones contraídas con terceros.

El presupuesto del Estado es el instrumento mediante el cual se efectúa la redistribución de una parte de la renta nacional en beneficio de las clases explotadoras. Adopta la forma de un cómputo anual de ingresos y gastos del Estado.  No es sino, decía Carlos Marx, un presupuesto de clase, un presupuesto para la burguesía. Si bien eso no lo podemos cambiar mientras dure el sistema capitalista, el gobernador puede gastar todo lo que quiera en beneficio de los ricos, pero que no diga que se trata del “bien común”, ni quiera despojar a los trabajadores de sus salarios y prestaciones ni de sus conquistas históricas en beneficio de aquellos.

Finalmente, quiero decir que estas son algunas reflexiones sobre los aspectos generales y doctrinarios de la ley, la cual se inspira, en las tesis del neoliberalismo, cuya esencia consiste en negar la lucha de clases y en perseguir y aniquilar a los instrumentos de lucha de la clase trabajadora, como son sus sindicatos y sus partidos.

Es pues, a los trabajadores y a sus sindicatos a quienes corresponde señalar aquellas particularidades de la ley que lesionan gravemente sus derechos y que resultan contrarios a los principios establecidos en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo.

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