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El monopolio Grupo México: sinónimo de muerte y destrucción

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El monopolio Grupo México: sinónimo de muerte y destrucción

Es innegable que la crisis estructural del sistema capitalista se agudiza en nuestro país. En los últimos años se ha registrado un proceso de enriquecimiento y acumulación de capitales sin precedentes por parte de varios monopolios que actúan en México; junto a esto, las concesiones mineras a empresas nacionales y extranjeras dan muestra de cómo el Estado mexicano facilita el ingreso de estas empresas para la extracción de minerales de nuestro subsuelo sin reparar en las condiciones de explotación inhumana a los trabajadores mineros.

Esta crisis, que no es sólo estructural sino también política, se traslada a las instituciones y partidos políticos de la burguesía: vivimos un período de inestabilidad y fragilidad en el Estado Mexicano que pierde la delgada línea entre quién manda y quién regula las actividades de los monopolios. Es evidente la inoperancia escandalosa y corrupción alarmante por parte de las instituciones gubernamentales que regulan las operaciones de estas empresas. 

El ejemplo más reciente es la contaminación provocada por Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras (filiales de Grupo México) quienes derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora. Esto ocasionó el cierre de pozos y el consecuente racionamiento de agua para miles de pobladores de la zona, además de limitar las actividades agropecuarias.

Grupo México, mercader de la muerte

Construido bajo el amparo de los regímenes priistas y protegido por los dos sexenios panistas, este monopolio minero tiene en su haber un largo historial criminal.

En 2005 un ingeniero quedó atrapado y murió en una chimenea en Nueva Rosita, Coahuila. Este incidente se agravó al ventilarse que la empresa se negó a rescatar al trabajador y no hubo investigación. En febrero de 2006, el accidente laboral que arrebato la vida a 65 mineros puso en evidencia las condiciones infrahumanas de explotación en las instalaciones de la mina 8 de Pasta de Conchos. Por si fuera poco, en marzo de ese año un hombre contratado para el rescate de cuerpos murió en un túnel de dicha mina.

Tuvimos que confrontar a Grupo México en 2008, tras iniciar el rescate independiente de los 63 cuerpos de los mineros que yacen en la mina. Fuimos testigos de la complicidad del gobierno estatal de Coahuila, que puso a la policía a disposición de la empresa para desalojar a rescatistas, militantes de nuestro Partido, viudas y familiares y suspender abruptamente las maniobras de rescate que registraban un avance considerable, lo que ponía en evidencia al monopolio minero como culpable por dejar morir a los trabajadores.

El uso de esquiroles junto a las presiones e influencia a través de  autoridades laborales, fueron notorios y descarados para reventar las huelgas de Taxco, Guerrero y Sombrerete, Zacatecas, en 2009 y 2010 respectivamente. En junio de 2011, se anunció una inversión en la sierra norte de Puebla para la construcción de tres hidroeléctricas, lo que derivó en un conflicto grave en las comunidades indígenas cercanas a donde se arrancó el proyecto, pues el acoso policiaco y la violencia contra estos pueblos fue descarado para imponer este plan. Tras asesinar a balazos  al dirigente indígena Antonio Esteban Cruz, opositor al proyecto, se supo que el contratista del Grupo México era el padre del gobernador. En febrero de 2014, en una mina de Charcas, San Luis Potosí, murieron cinco trabajadores por las malas condiciones de las instalaciones.

El grave incidente ocurrido en los Ríos Sonora y Bacanuchi se integra a este historial, lo que convierte a Grupo México en sinónimo de muerte y destrucción. Sólo la expropiación de las minas y el control obrero de las operaciones mineras es garante de un máximo de eficacia en la aplicación de los procesos industriales y en el cuidado ambiental. En declaraciones recientes,  la Profepa ha sentenciado que buscará la sanción y reparación de los daños ambientales, además de cárcel hasta por nueve años a los responsables, es decir, ingenieros y cuerpo técnico de los complejos mineros. En ningún momento señala a altos ejecutivos de la empresa, como Xavier García de Quevedo o Germán Larrea.

Larrea y su naturaleza capitalista

                Germán Larrea Mota Velasco no sólo es el segundo hombre más rico de México, fue colocado en el lugar 58 de los hombres más adinerados del planeta, en la lista que cada año publica la revista Forbes, que este 2014 estimó en 16 mil 100 millones de dólares su fortuna. Fiel a su naturaleza como explotador, ha ampliado sus relaciones comerciales: es presidente del Consejo de la American Mining Corporation, del Consejo de la Southern Copper Corporation, de Asarco y del Consejo del Grupo Ferroviario Mexicano, S.A. de C.V. (Ferromex), compañía que opera la mayor flota de trenes del país.

Formó parte del consejo de Televisa y es miembro fundador del Grupo Ciudad de México. Tiene un lugar dentro del consejo administrativo de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y del consejo de Grupo Bursátil Mexicano. También pertenece al consejo administrativo de Grupo Financiero Banamex (propiedad de Grupo Financiero Citigroup) y a Grupo Comercial América. Asimismo, es inversionista del grupo Transportación Marítima Mexicana (TMM) y de Scotiabank Inverlat.

Desde 2011, Larrea mantiene la tenencia de casi una cuarta parte de acciones de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). En ese mismo año, compró a The Carlyle Group los 44 complejos de cines Cinemex (la segunda cadena más grande del país) por 3 mil 500 millones de pesos. También es dueño de MM Cinemas, Cinemas Lumiere y Cinemark que usa para transmitir comerciales de programas paliativos para resarcir la contaminación que provocan sus minas.

Una muestra más de la impunidad que goza este monopolio minero son las multas. La Profepa busca aplicar unos 3 millones de pesos de multa, 40 millones de sanción y reparación de los daños ambientales, que no se compara con los ingresos que obtuvo en el primer semestre de este año por 15 mil 320 millones de pesos. Un leve desembolso que no le representa ni el uno por ciento de lo que gana en seis meses.

Estamos ante un problema grave, mientras el gobierno federal le cubre las espaldas al monopolio minero,  a quién sólo le interesa mantener sus ganancias, la vida en toda esta región de Sonora está en peligro de sufrir afectaciones irreversibles. La filosofía de la explotación desmedida y del saqueo deben cesar.

 HGB

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