El 5 de Febrero de 1917 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reformó la del 5 de Febrero de 1857, en el Artículo 3° de esa nueva constitución quedó consagrado el noble derecho a la educación con el siguiente texto: “La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.”
Mas de cien años han pasado desde ese histórico hecho, considerado uno de los más progresistas de su tiempo. Durante esa centuria, este artículo constitucional ha sido uno de los más reformados de nuestra Constitución Política, en su haber, cuenta con 13 reformas, siendo la más longeva la del 13 de diciembre de 1934 y la más reciente la del 12 de diciembre de 2024, es decir, los distintos gobiernos de este país, llevan reformando este artículo más de 90 años.
Desde nuestro punto de vista, todas esas reformas contienen en su esencia al menos dos elementos fundamentales: uno, trata de los intentos del Estado por modernizar la educación en México y el otro trata sobre ajustar el modelo educativo a un proyecto de nación en los aspectos cultural y social. Además, esas reformas obedecen también, a las exigencias que establece el modelo económico capitalista tanto en el mundo como en nuestro país, de ajustar la educación a sus propias necesidades.
Quizá, la reforma que mejor pone de manifiesto esta afirmación, es la del 26 de febrero de 2013, impulsada por el entonces presidente de la república, Enrique Peña Nieto. En dicha reforma se elevó a rango constitucional la “calidad” en la educación obligatoria. Se creó el Servicio Profesional Docente, para obligar a la evaluación magisterial para el ingreso, permanencia y promoción, a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), instancia que rápidamente se convirtió en la maquinaria encargada de reprimir administrativa y laboralmente a los docentes, ocasionando así que entre 2013 y 2018, alrededor de 10,000 docentes de educación básica fueran cesados de sus cargos, principalmente por no asistir a las evaluaciones obligatorias.
Pero, los embates en contra de la educación y en contra del magisterio mexicano han sido un asunto histórico, es decir, no iniciaron con la reforma de 2013, la cual no se ha derogado por completo, tal como lo prometió en su campaña presidencial el expresidente de la república Adres Manuel López Obrador, lo que significa que más allá del discurso, aparentemente empático y conciliador que ha desarrollado el gobierno actual, autodenominado cuarta transformación, el magisterio, consciente o no, seguirá padeciendo las reformas neoliberales en México.
En México, el gasto público en educación ha oscilado históricamente entre el 3% y el 4.6% del PIB, manteniéndose en el límite inferior de lo que recomiendan la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), expertos de la ONU e incluso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quienes recomiendan destinar entre el 4% y el 6% del Producto Interno Bruto de cada país. En contraste, Cuba destina uno de los porcentajes más altos del mundo de su PIB a la educación, entre el 9% y más del 10% en años recientes, muy por arriba de las recomendaciones de los organismos internacionales, a pesar del inhumano bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. El mensaje del Estado Mexicano es claro, la educación en nuestro país no es un asunto prioritario.
Los docentes en formación también han sido blanco de las políticas neoliberales ejecutadas por los distintos gobiernos, en particular las Normales Rurales, creadas con las Escuelas Normales Regionales y las Escuelas Centrales Agrícolas que se construyeron a principios de los años veinte. A principios de los años treinta, las dos instituciones se fusionaron y recibieron el nombre de Regionales Campesinas, donde se admitirían a estudiantes de origen campesino. En 1926, las Regionales Campesinas pasaron a ser Normales Rurales.
Como proyecto educativo antagónico al sistema capitalista, al normalismo rural se le ha agredido desde los años setenta con campañas mediáticas de desprestigio: “nido de comunistas”, “semillero de guerrilleros”, “focos rojos”, disfuncionalidad por estar estancadas en el “mundo de ayer” etcétera. Varios gobiernos han intentado desaparecer, reducir o transformar las Escuelas Normales Rurales, considerándolas focos de radicalismo. Los más significativos son: Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), durante su gobierno se cerraron varias normales rurales y se impuso una reestructuración drástica en 1969, eliminando el nivel de secundaria en estas instituciones para convertirlas en centros de educación media superior, lo que redujo su impacto y matrícula. Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), continuó con la política de cierre y transformación de las normales rurales, convirtiendo algunas de ellas en centros de bachillerato técnico (CBTAS). Durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), enfrentaron una política de hostigamiento, desmantelamiento y represión, caracterizada por la reducción de presupuestos y el intento de cierre o transformación de planteles. La reforma educativa del 2013 de Enrique Peña Nieto (2012-2018) amenazó la existencia del modelo de internado de las normales.
Por su puesto que en este contexto es imprescindible recordar, denunciar y exigir justicia por la infame noche del 26 de septiembre en Iguala Guerrero, donde asesinaron, vejaron y desaparecieron a 43 estudiantes hijos de campesinos pobres, cometiendo así un flagrante crimen de Estado, por la participaron todos los órdenes de gobierno: Municipal, Estatal y Federal en contubernio con el Crimen Organizado. Crimen de Estado y Crimen de Clase porque el estado burgués (incluso el actual conocido como de la cuarta trasformación) defiende y solapa a uno de sus más fieles aliados, el Ejército. Ese Ejército que tiene la experiencia de los vuelos de la muerte en el lago de Chapala, ese Ejército que tiene la herencia de haber masacrado estudiantes y trabajadores desarmados en 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
Sin embargo, ante la estrategia de desgaste y desaparición paulatina contra el normalismo rural por parte del estado represor y asesino, existe una longeva organización estudiantil de jóvenes (la mayoría hijos de campesinos pobres) valientes, decididos y comprometidos con la causa de la educación científica, popular y gratuita para el pueblo trabajador del campo y la ciudad. Organización que no ha dudado ni un momento en defender de manera frontal a las normales rurales, con su lucha y con su sangre.
La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), ha demostrado su valía en la defensa de la educación popular, en la misma medida en que ha sufrido toda clase de ataques por parte de grupos reaccionarios, de la ultraderecha y por su puesto del Estado capitalista, en manos de sus fuerzas armadas, federales, estatales, municipales e incluso las irregulares como los grupos paramilitares del crimen organizado. Reconocemos a la FECSM como uno de los baluartes de la organización y lucha juvenil estudiantil, por los derechos de los oprimidos en México.
Bajo la consigna de la Solidaridad Incondicional, como organización política de la clase trabajadora, ratificamos ante el pueblo trabajador, ante los estudiantes y sobre todo, ante los padres de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, nuestra decisión inconfundible de apoyar en su lucha, en las exigencias de la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos, de justicia por los crímenes cometidos y esclarecimiento de lo sucedido aquella terrible noche del 26 de Septiembre. Nuestro apoyo en la defensa de su propia organización y el normalismo rural. ¡Ni perdón, ni olvido! ¡Castigo a los criminales! ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Desde nuestro punto de vista, el asunto de la educación en México, es imposible entenderlo fuera de los márgenes de la lucha de clases, es decir, este asunto como los demás asuntos que atañen a los trabajadores, no puede ser separado de su base económica para entenderlo y explicarlo correctamente. Una muestra de esto es que, a la par de las reformas hechas al Artículo 3°, se han implementado también reformas al Artículo 123 Constitucional (este artículo trata sobre el derecho al trabajo, además, es la base que garantiza el derecho a servicios médicos, seguros de invalidez, vejez, muerte y vivienda para los trabajadores al servicio del Estado), el cual, lleva contabilizadas 34 reformas. Dentro de este último artículo, en su apartado B, se encuentra el fundamento y sustento jurídico de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La reforma de 2007 a la Ley del ISSSTE transformó el sistema de pensiones de un modelo de reparto solidario a uno de cuentas individuales, cuyos recursos son manejados por diez Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES); se incrementó gradualmente la edad de jubilación; se elevaron las cuotas de aportación buscando aliviar la supuesta presión financiera sobre el Estado. Entre otras implicaciones, una de las principales es que, para los trabajadores de nuevo ingreso, la pensión depende del ahorro acumulado en su cuenta personal y sus rendimientos, no de un monto garantizado por el Estado; la otra, se refiera al incremento gradual de las cuotas obligatorias de los trabajadores y dependencias, pasando del 3.5% al 6.1% del salario base.
Aunque según el Estado se buscó la sostenibilidad financiera del sistema de salud y pensiones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ha ido desenmascarando las implicaciones lesivas para los derechos laborales al reducir el monto final de las pensiones en comparación con el régimen solidario anterior.
Desde su fundación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el 17 de Diciembre de 1979 la CNTE ha lidiado con ocho presidentes de la República, desde los más abiertamente capitalistas, neoliberales, pragmáticos y represores como Carlos Salinas de Gortari quien agudiza un proceso de enfoque empresarial en la educación de México y Enrique Peña Nieto quien se caracterizó por una actitud represiva y violenta que causó muertos entre los militantes de la CNTE, además de que ratificó la herencia de impunidad de los gobiernos del PRI al negar la justicia para los afectados de los actos represivos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca; hasta el titular del ejecutivo Andrés Manuel López Obrador quien pretendió mostrar una imagen de “buena voluntad” para atender a los docentes pero en los hechos canceló unilateralmente las mesas de diálogo durante más de tres años y las retomó a “última hora”, aunque, sin mostrar verdadero interés ni voluntad por resolver las demandad más sentidas del Magisterio, estrategia que ha decido continuar la actual presidente, Claudia Sheinbaum Pardo.
En su lucha sindical, la CNTE, ha combatido la ruindad, corrupción y charrismo de los secretarios generales del SNTE, como el cacique priista Carlos Jonguitud Barrios, fundador del grupo “Vanguardia Revolucionaria del Magisterio” que utilizó para mantener el control del sindicato a través de la violencia y la corrupción; o la también priista compañera política de Jonguitud, Elba Esther Gordillo quien impuso un régimen de corrupción con el cual se enriqueció de manera desmedida a costa del magisterio; hasta el actual secretario general Alfonso Cepeda Salas, quien de manera sínica y descarada ha entregado al partido dominante Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) los derechos del magisterio por acuerdos contrarios a los intereses de la base.
Desde hace más de 40 años la CNTE ha desarrollado una estrategia de lucha que consiste en Movilizar a su base ya sea en el ámbito local o nacional; entablar mesas de Negociación con autoridades estatales o federales y de nuevo llamar a la Movilización de las bases para ejercer presión social y política con el objetivo de lograr el cumplimiento de sus demandas históricas, estratégicas o concretas. La Movilización-Negociación-Movilización continuará seguramente como estrategia central de la CNTE para buscar la solución de las demandas estratégicas del magisterio: 100% de aumento al sueldo base; abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y abrogación de la Reforma Educativa Peña-AMLO. Continuará porque refleja la tenacidad y determinación de los maestros en lucha, para afrontar las más diversas artimañas practicadas por los distintos órdenes de gobierno quienes apelan a la mentira, la cooptación, el desgaste e incluso la represión violenta en contra de los profesores democráticos quienes han encontrado en este método la única vía (efectiva, en algunas ocasiones) para reclamar (y en algunas ocasiones arrebatar) la solución de sus justas y legítimas demandas.
El Partido de los Comunistas, como organización política que tiene entre sus militantes a docentes de distintos niveles de educación, y que también participan activamente dentro de las estructuras democráticas de la CNTE, nos solidarizamos incondicionalmente con las justas demandas estratégicas que plantea esta organización magisterial a través de sus Asambleas Nacionales Representativas (ANR), exigimos al gobierno federal la reinstalación inmediata de la mesa de negociación con la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) para trazar con seriedad y responsabilidad una ruta real hacia la resolución de las demandas históricas y actuales.
Reconocemos que la CNTE enfrenta una adversidad generalizada, impulsada por grupos reaccionarios y por el propio partido MORENA, que en campaña electoral aseguró estar del lado de los docentes. Reconocemos también, la vigencia de sus 22 principios rectores, entre los que se plantean la destrucción del sistema capitalista, reivindican el principio universal de lucha de clases, reivindican el internacionalismo proletario y el socialismo. Reconocemos la validez y legitimidad de su principal estrategia Movilización-Negociación-Movilización. Reconocemos a esta organización como la principal fuerza democrática que aglutina a los maestros en lucha. Reconocemos que sigue siendo, desde su fundación, una de las organizaciones de masas con capacidad real de enfrentar y sentar en mesas de negociación a presidentes y gobernadores.
El Partido de los Comunistas, resuelve de manera clara y sin confusiones, que todo aquel militante de nuestra organización que se encuentre ligado al gremio magisterial, deberá contribuir de manera crítica, activa, propositiva y con ánimos de elevar la consciencia política de los trabajadores, a consolidar las estructuras organizativas necesarias para enfrentar a los grupos reaccionarios, para enfrentar al charrismo sindical y para enfrentar las tácticas de desgaste, desinformación y calumnias orquestadas por los distintos órdenes de gobierno, y así coadyuvar en la democratización de la educación pública.
¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LOS DERECHOS SE DEFIENDEN!
¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS!
¡VIVA LA COORDINADORA NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN!
¡Proletarios de todos los países, uníos!
Comité Central del Partido de los Comunistas
XLV Pleno del Comité Central 7 y 8 de marzo
Guadalajara, Jalisco
