El desalojo en Madrid a una vivienda donde vivía una mujer de 87 años, desató la movilización social para denunciar y enfrentar la crisis de vivienda. La secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España explica el problema y analiza las perspectivas del movimiento por un techo digno.
Carolina Tejada*
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de su vivienda en Madrid el pasado 23 de septiembre sin alternativa de alojamiento, volcó a la ciudadanía a las calles.
La protesta desencadenó una acampada de rechazo a las medidas gubernamentales en la Puerta del Sol, en un contexto donde se ejecutan cerca de 44 desalojos diarios en todo el país. Al respecto, se convocó a una huelga general para el 15 de octubre.
Sobre esta crisis, VOZ dialogó con Martha Martín, adjunta a la secretaria de RRII del Partido Comunista de España.
Segunda crisis de vivienda
El caso de Maricarmen refleja la situación de miles de personas en España. ¿Qué revela la actual crisis de vivienda sobre las condiciones de vida de la población?
El caso de Maricarmen es especialmente duro porque concentra en una sola persona muchas de las contradicciones de la crisis de vivienda. Una mujer de 87 años, después de más de siete décadas viviendo en la misma casa, puede ser expulsada sin disponer de una alternativa habitacional adecuada. Pero sería un error verlo como un caso excepcional: lo que hace es poner rostro a un problema mucho más amplio. Maricarmen fue finalmente desahuciada el 23 de septiembre, después de varios intentos anteriores y de distintas mediaciones para evitarlo.
Una situación muy similar a la crisis finalizando la década de los años 2000…
Estamos ante la segunda gran crisis de vivienda de este siglo, aunque de características distintas a la de 2008. Entonces el drama fundamental fueron las hipotecas y la pérdida de la vivienda en propiedad; ahora el epicentro está cada vez más en el alquiler.
Jóvenes que no pueden emanciparse, trabajadores que tienen que compartir piso aunque tengan empleo, familias que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos a la vivienda, situaciones de hacinamiento y personas mayores que tampoco tienen garantizada la permanencia en su hogar.
¿Cuál es el principal dato sobre este problema?
En 2025, el 26,8 % de los hogares españoles que alquilaban a precio de mercado destinaban más del 40% de sus ingresos al alquiler. El salario ya no determina por sí solo el nivel de vida: cada vez importa más cuánto hay que entregar mensualmente para poder conservar un techo.
La movilización social
Miles de personas se están movilizando en distintas ciudades. ¿Qué explica la fuerza que está tomando este movimiento social?
En primer lugar, existe una experiencia material compartida por sectores sociales cada vez más amplios. La vivienda ya no es un problema localizado exclusivamente en los sectores más empobrecidos. Atraviesa a jóvenes, trabajadores, familias con hijos, pensionistas y amplios sectores de las clases medias.
Casos como el de Maricarmen funcionan además como un elemento de condensación: hacen visible de una forma que ninguna estadística puede hacerlo una situación que muchísima gente reconoce en su propia vida o en la de sus hijos, familiares o vecinos. Su desahucio desencadenó una movilización en numerosas ciudades.
Pero hay otro elemento importante. La movilización está dejando de ser exclusivamente defensiva —parar un desahucio concreto— y empieza a cuestionar el funcionamiento general del mercado de la vivienda: los precios del alquiler, la duración de los contratos, los pisos turísticos, la concentración de vivienda, los grandes tenedores o la insuficiencia del parque público.
¿Hasta qué punto el aumento de los alquileres y la vivienda como activo financiero están dificultando el acceso a una vivienda digna?
La demanda de alquiler ha crecido más rápidamente que la oferta, especialmente en las grandes áreas urbanas y turísticas, y parte del parque residencial se ha desplazado hacia usos como el alquiler turístico, de temporada o de habitaciones.
Una parte creciente de la vivienda vuelve a incorporarse al circuito de acumulación de capital. Es decir, deja de considerarse prioritariamente por su valor de uso —un lugar donde vivir— y pasa a considerarse por la rentabilidad que puede generar.
En ese proceso se sitúa el crecimiento de los grandes tenedores, fondos, bancos, promotoras y SOCIMI, (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), así como la expansión del alquiler como forma de acceso a la vivienda.
Ese cambio es decisivo porque modifica la lógica del sistema. Cuando una vivienda es fundamentalmente un activo del que debe obtenerse la máxima rentabilidad posible, existe un incentivo permanente para elevar las rentas, sustituir contratos antiguos por otros más rentables o desplazar viviendas hacia modalidades más lucrativas. Por eso el problema no puede reducirse simplemente a construir más. La cuestión es también quién posee las viviendas, para qué se utilizan y bajo qué reglas se determina su precio.
Más allá de la reivindicación habitacional
Ante el rechazo de las medidas sobre vivienda en el Congreso, ¿qué políticas considera urgentes para garantizar el derecho a la vivienda y frenar los desahucios?
La situación exige distinguir entre las medidas de emergencia y las soluciones estructurales. El Congreso, con los votos en contra de PP, VOX y Junts, derogó el 2 de octubre los reales decretos-leyes 26/2026 y 27/2026, que contenían, entre otras medidas, protecciones frente a desahucios, prórrogas de contratos y mecanismos para limitar determinadas subidas del alquiler.
Nosotros, como Partido Comunista de España, planteamos actuar inmediatamente sobre el alquiler: contratos de mayor estabilidad, actualización de las rentas mediante un índice público, aplicación efectiva de la limitación de precios en las zonas tensionadas, prohibición de nuevos pisos turísticos y mayores impuestos y control sobre los existentes, además de reforzar la inspección y los instrumentos públicos de gestión de suelo y vivienda.
¿Puede la movilización por la vivienda convertirse en un movimiento más amplio por los derechos sociales?
Tiene ese potencial porque la vivienda está relacionada con los salarios y las pensiones, con la emancipación juvenil, con la posibilidad de tener hijos, con los cuidados, con la movilidad laboral, con el modelo de ciudad y con el acceso a los servicios públicos.
Cuando una familia tiene que dedicar una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler, el problema de la vivienda se convierte inmediatamente también en un problema de alimentación, energía, cuidados, ocio o capacidad de ahorro.
Por eso la movilización puede trascender la reivindicación estrictamente habitacional. Lo que está poniendo sobre la mesa es una cuestión más profunda: qué necesidades básicas deben quedar sometidas exclusivamente a la capacidad adquisitiva individual y cuáles deben garantizarse colectivamente como derechos. El debate deja de ser únicamente cuánto cuesta un alquiler para convertirse en una cuestión sobre el tipo de sociedad y de ciudad que se está construyendo.
*Tomado del Semanario Voz, Órgano Central del Partido Comunista Colombiano: https://semanariovoz.com/a-las-calles-por-la-vivienda/
